La Fiscalía quiere inhabilitar a Mas por violar la suspensión de la consulta

La Fiscalía intentará que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilite a Artur Mas y a varios de sus consejeros para desempeñar cualquier tipo de cargo público como castigo por los delitos que cree que habrían cometido en los últimos días para burlar y violar el veto dictado por el Tribunal Contitucional con la celebración el domingo pasado de un sucedáneo de consulta de autodeterminación en Cataluña.

El Ministerio Público ultimaba ayer una querella, que quería registrar hoy mismo, en la que defiende la existencia de indicios relevantes para pensar que al menos el presidente de la Generalitat y su número dos, la vicepresidenta Joana Ortega, habrían incurrido en un delito de desobediciencia al ignorar el auto por el que el Constitucional dicto por unanimidad el 4 de noviembre la suspensión del llamado «proceso participativo» del 9-N así como de «las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ellas».

De igual manera, la querella, cuyo contenido ayer por la noche aún debatía la cúpula fiscal catalana, también preveía imputar al menos al presidente de la Generalitat y a Ortega el delito de prevaricación por haber tomado decisiones oficiales de cara a la organización y realización de la consulta a sabiendas de su injusticia, ya que vulneraban la ley y la resolución del tribunal. El ‘president’, según sus propias palabras, es el máximo responsable de todas las decisiones y acuerdos oficiales encaminados a poder celebrar la consulta del 9N y su vicepresidenta fue la encargada directa de organizar y coordinar durante meses el operativo y la infraestructura para hacer posible la votación y de dar a conocer los resultados y los datos de participación.

La desobediencia comporta penas de seis meses a dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y la prevaricación eleva el castigo de siete a diez años.

Los fiscales debatían anoche si incluir también en el documento final de la querella un tercer delito, el de malversación de caudales públicos, por los cerca de diez millones de euros gastados por la Generalitat en las papeletas, urnas, equipos informáticos, campañas informativas, logística y demás elementos precisos para las votaciones, y si ampliar las imputaciones a otros miembros de la Generalitat, como la consejera de Educación, Irene Rigau, máxima responsable política de los colegios e institutos públicos que se abrieron el domingo para acoger la consulta.

Con independencia de lo que incluya el Ministerio Público, lo cierto es que la justicia catalana ya investiga en la actualidad la posible implicación delictiva de Rigau y la posibilidad de un delito de malversación porque ambos están incluidos en la más de una docena de denuncias admitidas a trámite como consecuencia del 9-N por varios juzgados de guardia. En esas diligencias previas también se escruta la actuación de Ramón Espadaler, el consejero de Interior.

Efecto dominó

Si el Tribunal Superior de Justicia catalán admite a trámite la querella de la Fiscalía podría arrastrar todo el resto de instrucciones en marcha en los juzgados ordinarios por ser el único competente para investigar a Mas y sus consejeros, todos ellos aforados.

El Ministerio Público tiene intención de dejar fuera de su querella, sin embargo, a todos los directores de centros públicos donde se realizaron el domingo votaciones y a los funcionarios que permitieron el proceso como voluntarios. La denuncia podría haberse retrasado a hoy por el enfado del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que, en declaraciones en La Rioja, exteriorizó ayer su malestar porque la presidenta catalana del PP había desvelado que la Fiscalía se iba a querellar y que lo haría esa misma mañana.