La Fiscalía se inclina por no querellarse contra Mas por la consulta

Todo apunta a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ejercerá ninguna acción penal contra el presidente de la Generalitat por el 9-N. El jefe del Ministerio Público, Eduardo Torres-Dulce, empezó a preparar el terreno en ese sentido y avisó de que «no es necesario que el Ministerio Fiscal lleve el asunto a los tribunales» porque ya hay abierta una investigación en los juzgados a raíz de las denuncias de varias fuerzas políticas. El escaso entusiasmo de la Fiscalía causó un profundo malestar en La Moncloa, desde donde advirtieron a los fiscales de Cataluña que tienen una dependencia «jerárquica» y son los representantes del Estado «en defensa de la legalidad».

La furibunda reacción del PP tras la votación del domingo sobre la independencia de Cataluña puede quedarse en nada. La mayoría de los integrantes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia catalán no aprecia que haya materia en la actuación de Artur Mas para interponer una querella por desobediencia a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, y mucho menos por usurpación de funciones, prevaricación y malversación de fondos públicos, como se recogía en el primer borrador que elaboró la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado al día siguiente de la consulta.

Torres-Dulce se encuentra por tanto entre la espada, el Gobierno de Mariano Rajoy, y la pared, el Ministerio Público en Cataluña. El fiscal general había anticipado que tomaría una decisión cuando reciba el informe de sus representantes en el Tribunal Superior, pero ayer precisó en un acto celebrado en Burgos que la Fiscalía catalana dirá la última palabra de su departamento. Esta se inclina, según fuentes jurídicas, por desestimar la querella por desobediencia porque el 9-N fue un acto político y sería desproporcionado actuar contra él con el Código Penal en la mano. Torres-Dulce recordó que no es su costumbre fijar pautas de actuación a sus subordinados. Sólo lo ha hecho una vez en sus tres años en el cargo, y fue con el caso Faisán, en el que ordenó recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo.

El fiscal general, en consecuencia, dejó entrever que no va a contradecir la opinión del Ministerio Público en Cataluña.

La posición de Torres-Dulce y de la Fiscalía catalana no sentó nada bien en el Gobierno de Rajoy. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprovechó la comparecencia tras el Consejo de Ministros para recordar al Ministerio Público en Cataluña que tiene una «dependencia jerárquica» del fiscal general, y ese principio de funcionamiento está por encima de sus criterios sobre lo sucedido el 9-N.

Sáenz de Santamaría también subrayó que el Ministerio Fiscal ejerce «la representación del Estado en defensa de la legalidad», y uno de los tres poderes estatales, el Ejecutivo, considera que el domingo pasado se vulneró la ley.

La vicepresidenta insistió en que la Fiscalía es «autónoma» respecto al Gobierno, y este «respetará la decisión» que adopte en este asunto sea cual sea. Sáenz de Santamaría, de todas maneras, insistió en que el criterio gubernamental es que Mas y sus consejeros cometieron «una ilegalidad» el 9-N. En La Moncloa confían, pese a todo, en que la Fiscalía se querelle contra Mas.