Diario de León

Torres-Dulce envía su querella con la Fiscalía catalana dividida

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mateo balín | madrid
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El equipo técnico con el que trabaja el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para preparar la querella por la celebración de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña limaba ayer por la tarde los últimos aspectos del escrito tras el mayoritario respaldo recibido por la cúpula fiscal.

Según fuentes fiscales, la intención inicial es que la querella se traslade hoy al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien a su vez deberá de presentarla ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente para investigar a los aforados autonómicos que incluirá el texto: el presidente Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau.

El borrador que Torres-Dulce debatió el miércoles con los 24 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, 22 de los cualas apoyaron la formulación de su denuncia, incluía los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones. Tipos penales que incluyen penas de inhabilitación y multa.

En un principio el equipo del fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General, Jaime Moreno, que ha estado detrás de la querella, pedirá al tribunal superior que se investiguen estos delitos, pese a que en la reunión de la junta se dieron «diferencias técnicas» sobre este aspecto -se debatieron hasta tres líneas de opinión sobre el número de querellados y los delitos- que el propio Torres-Dulce se comprometió a «pulir».

Así, una vez que el fiscal superior de Cataluña tenga la querella en sus manos no tendrá más remedio que presentarla haciendo buena la obediencia jerárquica que rige en el Ministerio Público. Ello pese a que su departamento fue el que rechazó, por seis votos a tres, investigar la consulta al considerar que fue un acto político que no desobedeció al Constitucional.

Esta negativa derivó posteriormente en la intervención directa del fiscal general, partidario de la querella, quien el pasado lunes convocó la Junta de Fiscales.

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