Fabra ingresa en la prisión de Aranjuez para cumplir cuatro años por corrupción

El centro penitenciario de Aranjuez, también conocido como 'Madrid VI' y a 60 kilómetros de la capital, fue el lugar elegido por el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia, Carlos Fabra, para cumplir los cuatro años de cárcel por el caso Naranjax después de que el Gobierno rechazara el 21 de noviembre el indulto solicitado por el otrora "ciudadano y político ejemplar", en palabras de Mariano Rajoy.

La prisión, inaugurada en 1998 y que cuenta con unos 1.700 reclusos aunque su capacidad sea de 936, está a dos kilómetros del Real Sitio de Aranjuez y tiene buenas conexiones tanto para la carretera A-4 como para la A-3, autovía del Mediterráneo, uno de los factores que manejaba Fabra para elegir el penal. Algunos compañeros serán Antonio Camacho, principal condenado en el caso Gescartera, o el empresario David Marjaliza, detenido en noviembre por la red Púnica.

Fabra fue condenado por la Audiencia de Castellón en noviembre de 2013 a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más los intereses legales.

La petición de la Fiscalía, en cambio, llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvíó de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, y dejó el fraude fiscal continuado. Además, la sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de su causa, que pasó por las manos de nueves jueces en Nules (Castellón) y duró diez años por los recursos del propio Fabra.

El origen del proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo del todo poderoso dirigente del PP local, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al ex presidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005 se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite. En este tiempo, el Supremo tuvo que reabrir la causa en diciembre de 2010 después de que la Audiencia de Castellón la archivara por prescripción de los delitos.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, afirmó que aunque a nadie le hubiera gustado ver al que fuera su mentor en prisión, "al final se demuestra que la justicia llega a todas las personas". "A nadie -señaló- nos hubiera gustado verlo en esta situación".