El CNI se querella contra el pequeño Nicolás
La Abogacía del Estado ha hecho efectiva la orden con el visto bueno del Ministerio de la Presidencia fruto de las declaraciones realizadas por el joven en una televisión.
Una de las máximas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por ende de cualquier servicios secreto extranjero, es la discreción. «Mirar sin ser visto», repite como mantra un alto responsable de este organismo público dependiente ahora del Ministerio de la Presidencia. Así, reserva y prudencia son la marca indeleble de los funcionarios y agentes que trabajan en el Centro, donde se asume que esta condición va en su sueldo.
En contadas ocasiones el CNI se ha visto obligado a romper esta burbuja de discreción más allá de casos puntuales.
Quién iba a decirle a un militar de orden y servicial como Félix Sanz Roldán, general del Ejército y director del CNI desde la dimisión de Saiz, en 2009, que un joven de 20 años iba a poner «a sus hombres» en la picota pública. Que la irrupción de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, les haya hecho romper el cascarón de la discreción.
Primero con la difusión de un inédito comunicado el domingo 23 de noviembre pasado para desmentir las declaraciones del susodicho en una televisión privada la noche anterior, en horario de máxima audiencia, en donde afirmó que trabajó como colaborador de los servicios secretos. «Era un Charly», aseguró. Una especie de chico de los recados.
En el último punto de esa nota se afirmaba que las palabras del joven ya estaban en manos de los servicios jurídicos del Estado por si fueran constitutivas de algún delito. Ayer por la mañana, diez días después de aquel aviso, la Abogacía se presentaba en el registro de los Juzgados de Instrucción de Madrid para querellarse contra el pequeño Nicolás en nombre del CNI.
Una actuación de estas características, que podría ocasionar incluso daños colaterales por la inesperada evolución de cualquier procedimiento judicial, no la autoriza el jefe de ‘La Casa’, Sanz Roldán, si no es con la aquiescencia del Ministerio de la Presidencia.
La querella presentada es por un delito de injurias.