Errejón atribuye su sanción a una campaña de difamación contra miembros de Podemos

La Universidad de Málaga ha abierto un expediente disciplinario al secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, para determinar si hubo un posible incumplimiento de su contrato como investigador. De forma cautelar también ha procedido a la suspensión de empleo y sueldo tanto de Errejón como del supervisor del proyecto de investigación y dirigente nacional de la misma formación Alberto Montero. En un comunicado, el número dos de Podemos rechazó «cualquier problema» con la investigación y ciñó todo a un error administrativo por la falta de un documento.

La medida se deriva del expediente informativo abierto por el centro universitario a finales de noviembre al conocerse que podría haber irregularidades en el cumplimiento de la jornada laboral de Errejón, estipulada en 40 horas semanales con carácter presencial. También se ahonda en la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades al compaginar la investigación sobre la situación de la vivienda en Andalucía -por la que cobraba 1.825 euros brutos mensuales desde marzo– con el sueldo de la formación política.

Fuentes conocedoras del caso explicaron que habría indicios de que el trabajo no ha sido presencial, sino a distancia, y tampoco se habrían podido certificar las horas de trabajo. En el caso de Montero, la sanción está relacionada con la falta de celo a la hora de supervisar y controlar el cumplimiento de la tarea como responsable del proyecto. Sin embargo, mientras que desde la Universidad insisten en que el expediente se refiere a temas de jornada laboral, el propio Errejón aseguró ayer que lo que se le ha comunicado es la falta de un documento «comunicando una segunda actividad laboral que no se declara incompatible». Y defendió que el expediente informativo concluye que «el contrato es perfectamente regular y el trabajo está hecho con la dedicación exigida», tal y como, continuó, ya señalaron tanto la rectora como la Junta de Andalucía, por lo que achacó la información a «una campaña de difamación contra algunas de las caras visibles de Podemos».

La suspensión cautelar tiene pocos efectos prácticos en el caso del número dos de Podemos, dado que ya comunicó su rechazo al contrato a partir del 16 de diciembre ante la imposibilidad de compaginarlo con la labor política.