Interior golpea la ‘caja b’ de los abogados de ETA para debilitar el frente carcelario

Golpe antiterrorista, pero también financiero al entramado legal de ETA. El objetivo de la operación Mate era la supuesta ‘caja b’ de los abogados de ETA, encargados, según el Ministerio del Interior, de mantener la cohesión y la disciplina del frente carcelario, el último aparato superviviente de la banda y que la cúpula de la organización terrorista quiere mantener bajo su control para evitar escisiones.

Los servicios de información de la Guardia Civil detuvieron entre la madrugada y la mañana de ayer a 16 personas en una operación desarrollada en el País Vasco, Navarra y Madrid. Entre los arrestados se encuentra la práctica plana mayor de los equipos jurídicos de los presos de ETA, doce letrados, entre ellos varios de los juristas que consiguieron tumbar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la doctrina Parot. También están cuatro de los responsables financieros de Herrira, el colectivo de solidaridad con los reclusos terroristas, supuesta sucesora de las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna, cuyas actividades fueron suspendidas judicialmente por dos años.

Los letrados detenidos son Alfonso Zenón, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte, Ane Ituiño y Amaia Izko. Esta última, además, es la portavoz de Sortu y pareja del diputado de Amaiur en el Congreso Iker Urbina. Otros tres de los abogados arrestados se encontraban en Madrid para asistir al juicio en la Audiencia Nacional a 35 miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), que ayer debía haber comenzado y que finalmente fue suspendido. Las detenciones en Madrid se realizaron en un hotel. También fueron allanados despachos de abogados en el País Vasco, locales comerciales y la sede del sindicato nacionalista LAB en Bilbao.

Los responsables de tesorería de Herrira capturados son Francisco Javier Balda, Jon Mitegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.

En el plano económico, el Ministerio del Interior y el juez Eloy Velasco acusan a los abogados detenidos de blanqueo y fraude a Hacienda por haber ocultado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK). Estos gastos fueron sufragados por Herrira, que habría asumido así las funciones, incluso las deudas, de sus antecesoras proscritas. Además, la Guardia Civil en el registro de la sede de LAB y de una herriko taberna se incautó de 70.000 euros en metálico, monedas y billetes pequeños, supuestamente fruto de donaciones a los familiares de presos y que tampoco habría sido declarado. La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, aseguró que el dinero encontrado en los despachos del sindicato responde a cantidades recaudadas de forma «totalmente legal» en la manifestación del pasado sábado en Bilbao para pedir el fin de la dispersión de los reclusos de la banda.

Pero además de los delitos económicos, Interior acusa a todos los detenidos de pertenencia a banda armada por financiar el «frente de cárcel» de la banda terrorista.

Visitas periódicas

«La operación supone la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al ‘colectivo de abogados’, BL, y también supone la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda dentro del ‘frente de cárceles’», explicó en una nota el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Según la Guardia Civil, los abogados detenidos participaban en las denominadas ‘rondas de control a los presos’. Se trataba de visitas periódicas a las cárceles para encontrarse con los presos a fin de «alimentarlos políticamente, trasladarles instrucciones, directrices y todo tipo de información». De acuerdo con los datos del instituto armado, los letrados habían visitado al menos el 95% de los centros penitenciarios en los que hay internos de la banda, no para interesarse sobre su asistencia jurídica sino para transmitir órdenes de la organización terrorista.

«Los arrestados -insistió Interior- participaban activamente en el mantenimiento del adoctrinamiento ideológico e informaban permanentemente a la dirección de la banda de la situación personal, jurídica y del compromiso de los presos con los postulados de la banda. Toda una labor encaminada a prevenir posibles disidencias internas», apuntó el ministerio, que calificó al aparato de abogados de «baluarte» de la «cohesión y disciplina interna» del colectivo de presos políticos vascos (EPPK, por sus siglas en euskera).