Gobierno y PSOE avanzan en el pacto contra el yihadismo

La lucha contra el yihadismo ha logrado lo que parece imposible en cualquier otro ámbito. El Gobierno y el PSOE se sentarán codo con codo para redactar en las próximas semanas una proposición de ley orgánica urgente en la que quedará recogida, con matices, la parte de la reforma del Código Penal diseñada por el Ejecutivo para mejorar la respuesta a ese fenómeno global con particularidades que le distinguen de otras formas de terrorismo. Es por el momento, un mero principio de acuerdo al que podrían incorporarse otras fuerzas, pero los dos partidos mayoritarios están convencidos de que no encallará.

El apretón de manos, sellado en una reunión entre los ministros del Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha sido posible gracias a la renuncia del Ejecutivo a mantener ese conjunto de medidas dentro de la amplísima reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, con la que se modificarán hasta 300 artículos y en la que se incluye la polémica prisión permanente revisable o el delito de coacción de huelgas, además de otras tipificaciones pensadas para combatir la corrupción.

El principal partido de la oposición ya había advertido al Ejectivo de que no apoyaría ese mastodóntico texto, que será aprobado caiga quien caiga, por decisión inamovible del PP, en un pleno del Congreso el próximo día 22. Sin embargo, los socialistas sí se mostraron dispuestos a negociar de forma separada las doce enmiendas presentadas por el PP relativas al terrorismo islamista, del mismo modo que se hizo siempre en la lucha contra el terrorismo etarra, considerado por ambos partidos asunto de Estado.

El Gobierno, y también el PSOE, pretenden entre otras cosas que no sea necesario pertenecer a banda armada para poder ser juzgado por actividad terrorista; una modificación clave porque, a diferencia de lo que ocurre con ETA, en el yihadismo es frecuente encontrar ‘lobos solitarios’, autónomos y sin vinculación directa con organización alguna. Pero los populares también han llegado a poner sobre la mesa otras propuestas más complejas cuya redacción, no tanto su fondo, preocupa seriamente a lo socialistas.

«Nosotros -explicó Antonio Hernando- queremos precisar algunos artículos (serían cinco o seis) porque entendemos que su redacción es francamente mejorable, que contienen elementos jurídicos indeterminados y que crean inseguridad jurídica». El dirigente socialista, que acudió a la reunión acompañado de la portavoz socialista de Justicia, Rosa Aguilar y el de Interior, Antonio Trevín, subrayó también que ya ha hablado con otros grupos parlamentarios -PNV, CiU, UPyD y IU habían mostrado ya su disposición- para que también participen en la nueva redacción. «Queremos que todos los grupos sean promotores de una reforma que busca mejorar la lucha antiterorista sin perder -dijo- ni un ápice de libertad».

El ministro del Interior subrayó, en todo caso, que el preacuerdo se sustenta en el entendido de que las enmiendas del PP no van a ser «desvirtuadas». Lo cierto es que ambas partes se mostraron confiadas en que habrá acuerdo sí o sí a pesar de que, según dijeron, en la reunión no se bajó al detalle concreto del articulado.