El cambio de opinión de ERC lleva a Mas ante la comisión Pujol
El presidente de la Generalitat defiende sus reuniones con un imputado por las ITV.
Mas comparecerá ante una comisión de investigación.
Artur Mas comprobó ayer que las alegrías suelen durar poco. Horas después de que CiU y Esquerra anunciaran que han llegado a un acuerdo para aprobar los presupestos de la Generalitat de este año, lo que da al Gobierno catalán un cierto margen hasta el 27-S, su socio se desmarcó y le castigó por el flanco que más le duele, el de la corrupción ligada a su fundador, Jordi Pujol.
Aunque la formación republicana había evitado hasta cuatro veces con sus votos que el presidente de la Generalitat tuviera que comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Pujol y el fraude fiscal, Esquerra dijo basta y este lunes registró una petición en la cámara catalana que obligará al presidente de la Generalitat a ofrecer explicaciones por los diferentes casos de corrupción que salpican a su partido, como el presunto cobro de comisiones del 3% a empresas de infraestructuras, la evasión fiscal del clan Pujol, el caso Palau o el de las ITV.
Fuentes parlamentarias daban por hecho que Mas acabaría declarando a petición propia. Sin embargo, los republicanos prefirieron forzar la situación y dejar sola a CiU como única fuerza que se resistía a llamar al presidente catalán. De paso, Esquerra aparece ante su electorado como partido implacable con la corrupción y no como el que trataba de preservar la figura institucional del presidente de la Generalitat eximiéndole del mal trago de comparecer en sede parlamentaria.
No solo la cercanía de las elecciones locales, en las que Esquerra aspira a dar la gran campanada, ha sido decisiva para el cambio de actitud de la formación liderada por Oriol Junqueras. El giro de 180 grados llega 24 horas después de que se hiciera público el sumario del caso ITV, en el que Oriol Pujol está imputado por tres delitos, y que podría comprometer al propio presidente de la Generalitat. La juez instructora y la Fiscalía creen, tras revisar un centenar de mensajes telefónicos y llamadas, que el hijo de Jordi Pujol cobró comisiones ilegales del empresario Sergi Alsina, supuesto cerebro del caso, a cambio de sus contactos políticos, incluso ofreciendo acceso al presidente de la Generalitat.
Oriol Pujol, ex secretario general de Convergència, que está imputado por tráfico de influencias y dos delitos de cohecho, habría cobrado medio millón por asesorar en tres deslocalizaciones industriales y una recalificación de unos terrenos cercanos a la planta de Seat. Esas gestiones de asesoría incluyen, según el fiscal, «el acceso a la agenda del presidente de la Generalitat» en los procesos de reconversión industrial de Sharp, Yamaha y Sony.
Mas defendió ayer su actuación y reivindicó su derecho a reunirse con quien haga falta para evitar deslocalizaciones industriales. A su juicio, todos esos encuentros con directivos para tratar de impedir que se llevaran sus empresas eran su «obligación». «Cualquier presidente de la Generalitat debe ayudar a las empresas que se quieren deslocalizar para que se queden aquí y aseguren los puestos de trabajo, no es un capricho reunirse con ellos», dijo.