El juez Castro ve indicios de una caja B en el Partido Popular de Baleares

La lista de causas contra el PP por la supuesta financiación irregular de sus sedes suma y sigue. A instancias del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, el juez José Castro abrió ayer una nueva pieza en el sumario del caso Palma Arena para aclarar si empresarios financiaron el edificio central del PP en Baleares a cambio de posteriores contratos de obra pública adjudicados durante el último gobierno de Jaume Matas, entre 2003 y 2007. Esta sospecha no es nueva para el PP, que ya tiene bajo la lupa judicial sus sedes en Madrid, Bilbao y Logroño.

En el caso balear, el Ministerio Público remitió el jueves al juez Castro las diligencias practicadas en torno a la posible existencia de una contabilidad paralela en el PP de esta comunidad autónoma. Esta caja B habría sido utilizada para financiar de forma opaca la sede regional o la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Un día después de recibir la documentación de la Fiscalía, el instructor dictó un auto en el que afirma que «examinados los testimonios recibidos de la Fiscalía», se aprecia que puede haber existido una posible financiación ilegal de la sede del PP en Baleares y que ésta podría a su vez relacionarse con «contrataciones públicas de las que pudieran haber sido destinatarios sus benefactores».

Las sospechas de la Fiscalía que ahora investigará Castro se sustentan en la declaración del ex concejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos. El ex edil, una joven promesa del PP balear caída en desgracia y condenado por abuso de menores y malversación de fondos públicos, declaró ante el fiscal Horrach que el PP balear había sufragado parte de su nueva sede con dinero negro entregado por empresarios a los que luego se otorgaron los contratos públicos en concursos irregulares.

A la confesión de ex concejal del PP se suma el testimonio que ofreció por videoconferencia Luis Bárcenas.