corrupción
El Supremo imputa a los ex presidentes Griñán y a Chaves por el caso de los ERE
El alto tribunal, que también cita a tres aforados, no les acusa de delitos concretos.
Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
José Antonio Griñán y Manuel Chaves declararán como imputados en el caso de los ERE junto a los otros tres altos cargos de la Junta de Andalucía aforados que habían pedido comparecer ante el Supremo. Aunque su imputación ya es formal, serán interrogados, no obstante, entre el 7 y el 21 de abril, poco más de dos semanas después de las elecciones andaluzas del 22 de marzo.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro hizo suya la ley no escrita de que los tribunales de justicia no deben distorsionar con sus citaciones las campañas electorales y pospuso los interrogatorios que, según todas las fuentes, tenía previsto celebrar este mes y a principios de marzo. Junto a los dos expresidentes, están llamados a dar explicaciones los exconsejeros y actuales diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y la también exconsejera y ahora senadora Mar Moreno.
El instructor del Supremo, en una providencia muy medida, justificó el interrogatorio de los aforados para que expliquen «los actos realizados en el desempeño de sus funciones» con «motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas».
En esa resolución, ni una palabra de posibles delitos en los que podrían haber incurrido ni mención alguna a que los cinco imputados pidieron declarar de manera voluntaria el pasado noviembre.
El calendario fijado por Barreiro es: 7 de abril, Viera; 9 de abril, Griñán; 14 de abril, Chaves; 16 de abril, Zarrías; y el 21 de abril, Moreno.
De acuerdo a fuentes cercanas al caso, Barreiro quiere con estos interrogatorios explorar si hay base suficiente para seguir adelante con este proceso contra los aforados, lo que le obligaría en ese caso a pedir, ahora sí, el suplicatorio al Congreso y al Senado, que ha soslayado hasta el momento porque los cinco pidieron comparecer de manera voluntaria.
El instructor sin ese ‘permiso’ de las cámaras no puede ni procesarlos ni inculparles formalmente de un delito concreto ni siquiera establecer medidas cautelares contra ellos, como pudiera ser una fianza civil.
En síntesis, el juez quiere saber si hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones que la titular del Juzgado de Instrucción seis de Sevilla, Mercedes Alaya, hizo contra los cinco exaltos cargos en la exposición razonada que envió al Supremo el pasado agosto. Entonces, la instructora sostuvo que los exgobernantes idearon un instrumento presupuestario ilegal, las «transferencias de financiación», para conceder más de 850 millones de ayudas públicas en Andalucía para prejubilaciones y despidos, fundamentalmente, de los que al menos 141 millones se desviaron presuntamente a ‘conseguidores’, intermediario o empresarios cercanos a los imputados.
Alaya señalaba en su escrito ante el Tribunal Supremo que tanto los expresidentes como siete de sus exconsejeros autonómicos participaron «en la instauración y mantenimiento» del procedimiento irregular para conceder ayudas discrecionales y al margen de controles. Un procedimiento que, concluía la juez sevillana, era «imposible que desconocieran» Griñán, Chaves y el resto de aforados a tenor de las responsabilidades de sus cargos.
La juez destacó que la cúpula de la administración andaluza desoyó los avisos que realizó «hasta la saciedad» la Intervención General de la Junta acerca del uso de un procedimiento inadecuado.