Investigan un fraude en las ayudas del PER en Huelva
Los agentes de la Guardia Civil registran la Diputación .
Efectivos de Guardia Civil en la puerta de la Diputación Provincial de Huelva.
La Guardia Civil investiga en Huelva un supuesto fraude vinculado a los fondos para subsidios agrarios que se habrían usado para contratos y pago de materiales contraviniendo el destino para el que fueron creados. Los agentes han registrado la Diputación Provincial de Huelva y las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo en busca de documentación para determinar el alcance de las irregularidades.
La causa, declarada bajo secreto, está instruida por un juzgado de Valverde del Camino tras la denuncia hace dos años de dos particulares contra la supuesta contratación irregular de un trabajador y el pago de materiales de construcción en el municipio onubense de Tharsis con cargo a ayudas y subvenciones públicas vinculadas al Plan de Fomento de Empleo Agrario, más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), en la comarca del Andévalo onubense y otros municipios de la sierra.
Fines distintos
Fuentes judiciales explicaron que la investigación también trata de esclarecer si estas ayudas se habrían podido destinar a fines distintos, por lo que la documentación que se ha intervenido durante un registro de seis horas ayudaría a «calibrar el alcance del presunto fraude».
Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones. En principio no se han realizado imputaciones ni se ha realizado ninguna detención. El caso no guarda relación con otras investigaciones por fraudes con ayudas públicas que se llevan a cabo en Andalucía.
Los registros se producen precisamente cinco días después de que UPyD presentara ante la Fiscalía de Huelva otra denuncia sobre este mismo aspecto, y en la que acusaba a la Diputación Provincial, en manos del PSOE, de destinar los fondos del subsidio agrario para contrataciones supuestamente irregulares. Según esta formación, la institución provincial habría consolidado con esas subvenciones, 282.965 euros sólo en 2013, una plantilla estable de diez personas en los últimos trece años, cuando el decreto que regula la concesión de estas ayudas subraya que los fondos deben destinarse a proyectos que «no sustituyan servicios u obras de la institución que lo solicite», es decir, que no se trate de una sustitución de empleo.
«Conforme a norma»
Un portavoz de la Diputación aseguró ayer que en la institución «todo se ha hecho conforme a norma», y subrayó que el registro policial no está vinculado a un programa de la Diputación, «sino de una entidad local menor».