La justicia catalana rechaza el recurso de Mas y allana el camino para imputarlo
La Fiscalía denunció al presidente de la Generalitat por un posible delito de desobediencia durante el 9-N.
La justicia quiere seguir investigando la causa penal abierta contra el presidente de la Generalitat por la organización del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió ayer desestimar los recursos planteados por Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la admisión a trámite de las querellas presentadas por la Fiscalía como consecuencia del proceso participativo. Esta resolución -no recurrible- supone en la práctica el inicio de la instrucción del caso. «No se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable», según el auto hecho público ayer. El tribunal mantiene, por tanto, el curso de la investigación por la comisión de un supuesto delito de desobediencia durante el 9-N y despeja el camino para la imputación de Mas.
La sala civil y penal del TSJC, añade el auto, cree que es preciso continuar la «correspondiente instrucción penal», pues entiende que existen «indicios» de que Mas, Ortega y Rigau desoyeron las órdenes de suspensión cautelar de la consulta alternativa decretadas el 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional. Así, el tribunal señaló -en el auto de hace mes y medio en que admitía a trámite la querella- que entre el día en que el Constitucional emitió la orden de suspensión cautelar y el día 10 de noviembre, veinticuatro horas después de la votación, el jefe del Ejecutivo catalán y sus colaboradores «continuaron los actos preparatorios» de la consulta alternativa. Entre otras cuestiones, mantuvieron la «publicidad institucional», realizaron «actos administrativos», hasta «llevar a cabo, en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014». El tribunal recuerda que el propio Mas se responsabilizó de todo ello.
«Irrelevantes»
El TSJC considera ahora además «irrelevantes» algunos de los argumentos esgrimidos por la defensa de los tres miembros del Gobierno catalán para pedir el archivo de la causa. Los letrados de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau señalaron que el delito de desobediencia requiere un «mandato exprés, concreto y determinado», extremo que a su juicio el Tribunal Constitucional no hizo en la resolución del 4 de noviembre, en la que paralizó el proceso participativo (la consulta alternativa).