El Parlamento tiene pendientes de aprobar aún 30 leyes
El debate político de la legislatura está ya prácticamente concluido, como coinciden todos los partidos, pero el Parlamento, muy al contrario, va a vivir en los próximos siete meses una frenética actividad legislativa porque el Gobierno quiere aprobar al menos una treintena de leyes que ya están en tramitación o que van a comenzarla en cuestión de días.
Semejante volumen de trabajo, que incluso podría aumentar si el Consejo de Ministros aprovecha las primeras semanas de marzo para remitir al Congreso los últimos proyectos de ley que tiene en cartera, va a obligar al grupo popular a rentabilizar al máximo el presente periodo de sesiones, que sobre el papel acaba en junio, y el mes de septiembre, antes de que se disuelvan las cámaras por la convocatoria de elecciones, cosa que como muy tarde se haría a mediados de octubre, según las previsiones del Ejecutivo.
Parones
El margen efectivo de trabajo es de cinco meses, pero, además, la labor parlamentaria va a sufrir varias interferencias, traducidas en parones de al menos una semana, por las elecciones andaluzas del 22 marzo, por la Semana Santa y por los comicios municipales y autonómicos del 24 de mayo. La escasez de fechas para completar la tarea legislativa se subsanará en parte con la alta probabilidad de que el grupo mayoritario decida habilitar el mes de julio para completar el grueso de las aprobaciones de leyes, con sesiones extraordinarias de las comisiones y el pleno.
Septiembre quedará casi completo para los remates finales porque, debido a la celebración de elecciones generales en otoño, casi con seguridad a finales de noviembre, el Congreso no iniciará el debate de los Presupuestos de 2016, que serán tarea del próximo Gobierno.
El primer bloque de leyes en aprobarse, posiblemente entre marzo y abril, será el de la decena de proyectos que ya se tramitan o finalizan en el Senado, que deben recibir el visto bueno del Congreso. Incluye la reforma del Código Penal, las dos leyes del bloque anticorrupción- financiación de partidos y alto cargo, la de Seguridad Ciudadana, el Estatuto de la Víctima, y varias económicas.