OPERACIÓN EDU EN ANDALUCÍA
Un centenar de detenidos por el fraude en cursos de formación
El operativo se desarrolla en varias provincias y afecta a empresarios y asociaciones que recibieron ayudas
La precampaña electoral andaluza se calienta. La Policía Nacional ha iniciado este lunes una nueva fase de la operación Edu que investiga el supuesto fraude en la concesión de ayudas para cursos de formación entre los años 2007 y 2013. Fuentes policiales han indicado que se prevén un centenar de detenciones en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, vinculadas a los beneficiarios de dichas ayudas.
La nueva fase de la operación, denominada Edu Centro, se prolongará durante varios días y es una continuación de la llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a mediados de febrero, cuando hubo varios arrestos y se citó a declarar a numerosos empresarios. En total, 90 personas fueron vinculadas con la causa, entre ellas varios exconcejales del PP y PSOE en Málaga, Almería y Cádiz o incluso la exalcaldesa de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez, quien presidió una empresa de capital mixto que recibió cuantiosas ayudas. Las fuentes han señalado que también en esta ocasión se citará a empresarios y promotores de asociaciones que impartía los cursos subvencionados y a funcionarios que las concedieron.
La operación Edu, que se instruye en varios juzgados de todas las provincias andaluzas, investiga las irregularidades en la concesión de ayudas a los cursos de formación. Los interrogatorios a cerca de 3.000 afectados entre profesores y alumnos han desvelado que los cursos en ocasiones ni se impartían, se falseaban los listados de alumnos y se incumplían los compromisos de contratación a los que estaban vinculadas las ayudas.
EMPRESAS DE QUITA Y PON
Algunos de los afectados han señalado que los profesores en ocasiones no tenían la cualificación necesaria o que tenían que devolver parte del sueldo recibido para poder ser contratados. Las investigaciones han puesto de relieve la aparición de empresas que se constituían para recibir el grueso de la subvención y posteriormente se disolvían antes de llegar siquiera a justificar su actividad para poder recibir el resto de los fondos.
Con esta nueva fase de detenciones, la cifra de imputados podría superar los 250, y entre ellos se encuentran el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, ya implicado en el caso de los ERE, y el exconsejero andaluz de Hacienda en los años 80 Ángel Ojeda, convertido en empresario de cursos de formación y que recibió cerca de 40 millones de euros en ayudas públicas.
La Junta de Andalucía, que también revisa de oficio todos los expedientes de ayudas concedidos, eleva el fraude a los 20,4 millones de euros sin justificar suficientemente. Las irregularidades se han encontrado en más de 670 expedientes de los 8.505 revisados.