La policía encarga una investigación de las supuestas irregularidades del comisario del ático de Ignacio González
Será la propia Dirección Adjunta Operativa, a la que pertenece Villarejo, quien ventile posibles responsabilidades.
La investigación que la Policía ha anunciado sobre la reunión entre el comisario José Manuel Villarejo y el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González, será muy limitada, casi «testimonial», según coinciden todas las fuentes consultadas, e instruida de una forma atípica, o cuanto menos peculiar, de acuerdo con los documentos recabados por Colpisa.
En primer lugar, la orden que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, envió el pasado 10 de marzo solo incluye investigar el «origen de las filtraciones» de los cinco minutos de grabación de la conversación mantenida el 29 de noviembre de 2011 por González y Villarejo en presencia del también comisario Enrique García Castaño. Las «gestiones e indagaciones oportunas» de «carácter reservado» dispuestas por la Policía no versarán ni sobre la posible revelación de secretos por parte del comisario que sopló al político que estaba siendo investigado, ni sobre el hecho en sí de que se reprodujera una conversación privada sin el consentimiento de un tercero, ni sobre la circunstancia de que el mando policial ocultara que existían esas cintas al Juzgado 47 de Madrid que investiga si esas indagaciones extrajudiciales fueron o no ilegales.
Pero la instrucción encargada por Interior tiene otras muchas singularidades que la alejan de lo que es una investigación interna reglamentaria y amplia, pues se trata de una «información reservada», tal y como insistieron en definirla los portavoces oficiales de la Dirección General de la Policía, que abundaron en que no hay nada extraño en este expediente, que la Policía admite que ni siquiera se trata de una «investigación» formal.
No sólo los delitos
Las unidades que legal y estatutariamente se tienen que ocupar de indagar las posibles conductas irregulares de un funcionario han sido apartadas de la investigación a pesar de que la normativa es clara al respecto. La orden 28/2013 de 18 de enero de 2013 «por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía» especifica que es la Unidad de Asuntos Internos a la que «corresponde investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales». Y no solo los posibles delitos, sino cualquier conducta «contraria a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía», especifica la orden expresamente. El director adjunto operativo ha decidido que sea un inspector jefe de esa misma Dirección Adjunta Operativa (DAO) quien decida si Villarejo tiene algún tipo de responsabilidad en la filtración de la grabación a González.