El PP busca enmendar su gestión de la corrupción a dos días de las elecciones
Sale al paso del ascenso de Ciudadanos y promueve medidas de regeneración.
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz.
En la recta final de la campaña de Andalucía, a dos días de que se celebren los comicios, el PP aprovecha para hacer público el programa marco con el que se presentará a las elecciones municipales de mayo. La dirección del partido ha decidido no esperar a que pase la convocatoria andaluza, más aún cuando las promesas electorales contenidas en el documento buscan reforzar el discurso político contra la corrupción que los populares han activado en su intento de frenar el castigo de los electores que reflejan las encuestas y el ascenso de una formación, Ciudadanos, que amenaza con restarle apoyos.
El sábado, durante la jornada de reflexión en Andalucía, el PP se concentrará en uno de sus feudos tradicionales, el más afectado por los escándalos y una de las regiones en las que los sondeos arrojan un panorama desfavorable para el partido. En Valencia, Mariano Rajoy clausurará la convención programática con una batería de propuestas diseñadas para enmendar la reacción de los populares ante los casos de corrupción.
Sabedor de que más allá de las prácticas irregulares, han sido los titubeos de la cúpula los que han acabado por arrasar la imagen del partido, el PP promete ahora impulsar que los órganos internos «actúen con la máxima prontitud, objetividad y rigor» en estas situaciones. Es ahí donde los populares tendrán que dar la batalla sin saber si esta vez las palabras se quedarán en papel mojado o si realmente servirán para recuperar la confianza de la ciudadanía.
De momento, el partido adelanta su intención de trasladar a las instituciones locales todo lo que se ha avanzado a nivel nacional en materia de regeneración. Así, garantiza que se «controlará la situación patrimonial de los cargos municipales al comienzo y al final de su mandato para verificar posibles situaciones de enriquecimiento injustificado», se harán públicas sus retribuciones, se limitarán los gastos protocolarios y de representación, se dará prioridad a la «recuperación de las cantidades sustraídas por los corruptos», y en la misma línea que la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en el Congreso, el PP aboga por acometer las reformas necesarias.