El juez Ruz concluye que el PP tuvo una «contabilidad B» durante 18 años

El PP tuvo una contabilidad paralela o en B entre 1990 y 2008 controlada por los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Durante estos 18 años, el partido se nutrió de «fondos dinerarios opacos» que permitieron la existencia y circulación de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante Hacienda. Esta estructura integró sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de «cajas de dinero efectivo o cajas B».

Con este contundente relato concluye la ‘canción triste’ del PP en la causa de los denominados papeles de Bárcenas. Tras dos años de pesquisas, declaraciones, registros e informes policiales y periciales con un alto coste político para la formación de Mariano Rajoy, el juez Ruz cerró ayer la investigación en un auto de 190 páginas en el que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas, confirma los indicios penales de la instrucción y abre la puerta a la celebración de juicio oral.

A escasos días de concluir su periplo en la Audiencia Nacional, donde ha estado en situación de interinidad durante cuatro años, Ruz dejó para este auto las perlas de toda la investigación. Confirmó las imputaciones de seis personas: los ex tesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente Cristóbal Páez, los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y la empleada de esta mercantil que cobró 1.552.000 euros en negro por la reforma de la sede nacional del PP, Laura Montero.

A todos ellos les atribuye algunos de estos delitos: falsedad contable, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública o fiscales. Asimismo, considera presuntos responsables civiles subsidiarios (penado con multa) tanto al PP como a la citada Unifica por la existencia de la ‘caja B’.

Estas seis personas serán con toda probabilidad quienes se sienten en el banquillo de los acusados por los hechos investigados. Si bien ante la resolución dictada este lunes por Ruz cabe recurso de reforma ante el juez o de apelación a la Sala de lo Penal (órgano superior).

Uno de los puntos fuertes del auto es que el juez determina, a diferencia del criterio de la Agencia Tributaria, que el PP sí debió de tributar las donaciones irregulares percibidas en el ejercicio 2008, el último año no prescrito en la causa.

El juez concluye que el partido debió de abonar el impuesto de sociedades de 2008 por las donaciones irregulares y al superar la cuota defraudada los 120.000 euros cometió un delito fiscal. Sin embargo, al no existir ese año la responsabilidad penal de los partidos, el delito se imputa a los administradores por aquel entonces, Bárcenas y Páez.