Detienen a varios altos cargos de Andalucía por el fraude de los cursos

La calma por el periodo electoral le ha durado poco a la juez instructora Mercedes Alaya. Apenas 32 horas después de conocerse la victoria de Susana Díaz y el PSOE-A, la juez ordenó una operación contra el fraude de los cursos de formación que golpeaba directamente al corazón político del caso con la detención de varios altos cargos de la Junta, algunos de ellos en activo. El Ejecutivo autonómico expresó públicamente su confianza en la honradez y honestidad. No obstante, se les cesó de inmediato por, se justificó, la necesidad de «actuar de manera implacable» para preservar el buen nombre del Gobierno andaluz.

La operación Barrado comenzó a primera hora de la mañana e incluyó un buen número de registros en sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y en consorcios provinciales como el dedicado a las industrias del ocio en Mijas. La propia administración ya había puesto a estos organismos en entredicho al reclamarles el reintegro de varias ayudas que no han sido debidamente justificadas, según concluyen los funcionarios que realizaron la revisión de oficio de todos los expedientes.

Los agentes realizaron 16 arrestos en todas las provincias andaluzas, acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Entre ellos destacan los delegados provinciales de la Consejería de Empleo en Sevilla y Huelva, destituidos ayer mismo, así como siete directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -uno de ellos, Antonio Rivas, ya implicado en los ERE–, y otros cuatro ex directores generales del departamento de Empleo. Entre estos últimos se encuentra la cuñada del ex consejero regional Ángel Ojeda, reciclado en empresario de formación y uno de los más beneficiados por el supuesto fraude.

A diferencia de anteriores operaciones de la policía encaminadas a los empresarios que cometieron las irregularidades, conocidas como caso Edu, las detenciones se centran ahora en los responsables políticos que concedieron las ayudas de forma arbitraria en ocasiones y que ni se preocuparon por su gestión ni se molestaron en pedir cuentas a los beneficiarios. Unas irregularidades en el control de los fondos que ya fueron detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta que asumió para su investigación la juez Alaya.

El caso está bajo secreto desde el pasado mes de enero, y aunque las detenciones eran esperadas desde entonces, a diferencia de otros años la juez ha optado por actuaciones de menor perfil durante la campaña electoral recién terminada.

Las detenciones se conocieron además el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia asignaba a Alaya su plaza en la Audiencia en la Sección Séptima, la misma que ve los recursos del caso de los ERE que ella ha instruido, justificando esta decisión en la antigüedad y escalafón. Esta petición de la juez había provocado malestar en los magistrados que la conforman por «la imagen que pueda dar la administración de justicia».

Ya en enero, la juez apuntaba a la existencia de diversas «bolsas de fraude» relacionadas con las subvenciones entregadas por el SAE a la Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (FAFFE) para pagar los cursos. Las anomalías también fueron detectadas por la Cámara de Cuentas.

Según deduce la juez del testimonio del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, la Junta podría haber destinado durante cuatro años un total de 950 millones a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones, motivo por el que decidió imputar en la causa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.