El caso Rato vuelve a sus orígenes en la Audiencia Nacional por Bankia

La investigación abierta sobre el patrimonio de Rodrigo Rato y su posible ocultación parcial al alcance de la acción de la justicia volverá a sus orígenes. La Audiencia Nacional recibirá en los próximos días la causa abierta con urgencia el jueves pasado -con los registros en inmuebles del ex político-, una vez que quien debía instruirla en los juzgados de instrucción ordinarios de Madrid se inhibió ayer de tal actuación.

Sus argumentos son similares a las que usaba casi al mismo tiempo la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para «atribuir» a la Fiscalía Anticorrupción la competencia sobre unas pesquisas que, según fuentes de dicho órgano, «nunca debieron salir de aquí» -Hacienda les informó meses atrás, pero luego optó por el silencio tras ser advertida de que aún no había suficientes indicios para una denuncia-. Y es que el hilo conductor de todas las indagaciones sobre los movimientos financieros del que fuera vicepresidente económico del Gobierno parte precisamente del llamado caso Bankia.

Fue el pasado 16 de octubre cuando, al ser interrogado por uno de los fiscales sobre unos pagos por valor de 6,2 millones de euros que la firma de inversión Lazard le hizo en 2011 -ya cuando presidía el banco luego nacionalizado-, el ex político metido a financiero reveló la existencia de una cuenta en Suiza. De este hilo tiró el instructor, Fernando Andreu, para llegar a lo que ahora se ve «un entramado societario y jurídico de estructura particularmente compleja», conclusión tanto de la Fiscalía como de los juzgados de Madrid para retornar el caso al Juzgado Central de Instrucción 4.

Andreu, no obstante, podría rechazarlo y provocar un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. Pero según fuentes jurídicas no lo hará, pues aunque no quiere dilatar la instrucción principal -donde investiga las irregularidades en torno a la salida a bolsa de Bankia-, considera que se podría abrir otra pieza separada centrada en el patrimonio de Rato, al igual que ya ocurre con las llamadas ‘tarjetas Black’.

Lo que jueces, fiscales y abogados vinculados a la causa tienen claro es su conexión con Bankia, pese a que la Agencia Tributaria iniciara las pesquisas en marzo de 2013, a la vista de las «incongruencias» de su declaración especial de bienes en el extranjero respecto los datos que presentó el ex director gerente del FMI a finales de 2012 para acogerse a la amnistía fiscal. En estos ya casi 13 meses, Hacienda ha intentado desentrañar sus idas y venidas financieras y las de sus empresas, pues él o familiares directos aparecen vinculados a un total de 27, aunque hay otra docena de aparentes sociedades instrumentales con las que también han ido manteniendo vínculos.

Uso de testaferros

Según fuentes de la investigación, entre todas Rato habría dispuesto de un patrimonio medio anual cercano a los 27 millones entre 2009 y 2013. Él sostiene que «es mucho más menguado», aunque no concreta los vínculos económicos con esos familiares que, según su entorno, procederían del ‘holding’ que saneó en sus años como ministro, convirtiendo sus 30 millones de pérdidas (5.000 millones de pesetas de la época) en beneficios vendiendo parte de ellas con grandes plusvalías.

En Hacienda ven esta tesis «simplista» para explicar sus «importantes» movimientos de fondos desde 2013 (fue imputado en el caso Rato en julio de 2012) y sospechan del «especial uso» de testaferros aparentes. La Fiscalía investigará ahora el papel que han jugado a este respecto sus familiares -hermanos, hijos y ex esposa-, entorno -su asesor fiscal, su abogado y su secretaria personal, Teresa Arellano (administradora de varias de esas empresas)- y también profesionales de confianza con sede en Gibraltar y Londres.

Medios fiscales apuntan que aunque el caso ha sido judicializado ya -con «demasiada premura», a su juicio-, ahora toca revisar «mucha documentación», sobre todo la intervenida en la casa y el despacho de Rato, además de en un bufete de abogados de San Roque (Cádiz). Y, en principio, se descarta un registro similar en su finca de Carabaña (Madrid) tras perder el ‘factor sorpresa’.

La denuncia inicial de la Fiscalía de Madrid incluía hasta cinco delitos fiscales -el perjuicio para las arcas públicas sumaría cinco millones entre distintos impuestos-, otro de blanqueo de capitales -derivado de ocultar el origen real de parte de sus ingresos- y uno de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.