El TSJM entiende que el «finiquito diferido» de Bárcenas fue un fraude
Remite a Hacienda y a la Seguridad Social el apaño entre el ex tesorero y el PP para seguir pagándole tras su despido.
La lucha entre Luis Bárcenas y el Partido Popular a cuenta del famoso despido en «diferido» (en palabras de Dolores de Cospedal) va a terminar muy mal para ambas partes porque aquel ardid, según la justicia, fue presuntamente un fraude, cometido con la participación activa tanto del ex tesorero como de la formación política. Y todo ello porque uno y otros, llanamente, «simularon» una falsa «relación laboral», según entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El tribunal tenía que analizar el recurso que planteó Luis Bárcenas contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid que consideró procedente su despido. El principal imputado del caso Francisco Correa había demandado al PP por despido improcedente y había pedido ser indemnizado con 905.353 euros. La primera instancia judicial desestimó su reclamación y ahora el TSJM también ha vuelto a considerar que la rescisión de su contrato como tesorero del partido estuvo justificada. Sin embargo, no se limita a dictar sentencia y avisa de que va a dar parte de las irregularidades que se dieron en ese despido «prorrateado».
La corte remitirá así de inmediato a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, a la Inspección del Trabajo, a la Agencia Tributaria y a la propia Fiscalía lo que considera una operación que «no puede aceptarse como mínimamente razonable». Se refiere al hecho de que el Partido Popular pagara a Bárcenas entre el 16 de abril de 2010 y el 31 de enero de 2013 un sueldo mensual de 21.300 euros -amén de chófer, secretaria personal o cestas en Navidad- «sin recibir ninguna contraprestación» por parte de Luis Bárcenas.
Fue en febrero de 2013 cuando la secretaria general de los ‘populares’ tuvo que reconocer que, a pesar de que el PP anunció que el ex senador había dejado de ser su trabajador en abril de 2010, continuó la relación laboral a través de lo que calificó, en un ya famoso trabalenguas, de «finiquito» o «indemnización en diferido» o «simulada» mediante un acuerdo «entre las partes» avalado por los servicios jurídicos de la formación política.
El partido terminó por argumentar que se trataba simplemente de «prorratear» el despido alargando -de manera ficticia, eso sí- la vida laboral del despedido. Explicaciones de todo género para intentar justificar que el PP había pagado una remuneración bruta anual de 255.600 euros a pesar de que el imputado ya no trabajaba para el partido.
Los jueces entienden que ese apaño entre los populares y su ex tesorero provocó «cotizaciones que no procedían legalmente» y que «pueden tener incidencia en futuras prestaciones de Seguridad Social». Ese despido «diferido», además, igualmente pudo tener repercusiones fiscales ilegales pues el ex senador no habría tributado por esos ingresos que recibió como rentas del trabajo. Y de igual modo, los magistrados ven posible que el PP y Bárcenas cometieran un «posible fraude» con responsabilidades penales, por lo que también ponen en conocimiento de la Fiscalía los hechos.
La sentencia abunda de forma particular en lo inverosímil de la «indemnización en diferido» que defendió Cospedal.