Díaz afronta el primer escándalo por su gestión al frente de la Junta de Andalucía

La socialista Susana Díaz afronta estos días el peor de los escenarios posibles. Al retraso en la elección como presidenta de la Junta de Andalucía, que enrarece la campaña de las municipales, se le suma ahora un nuevo frente, esta vez judicial con la investigación de las supuestas irregularidades cometidas en el concurso de adjudicación para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, una de las apuestas personales de la líder socialista en las pasadas elecciones autonómicas. El juez dice que se realizó «sin ningún rigor» y la investigación apunta además a un amaño a favor de una empresa vinculada a antiguos altos cargos socialistas.

De momento, Díaz ha ordenado la paralización de la actividad hasta que se aclare cualquier sombra de duda, aunque los responsables de la Consejería de Economía, Empleo, Innovación y Ciencia apuntaron a primera hora que el proyecto seguía adelante -está en la fase de trabajos previos- dado que todo se ajustaba a la legalidad. Una tesis que defendieron más tarde en una comparecencia en la que aseguraron que ponían «la mano en el fuego» por la adjudicación del concurso a la empresa Minorbis Grupo México, cuya apertura de plicas fue retransmitida en directo el pasado febrero. Sostienen que cuando expliquen a la juez el complejo y «novedoso procedimiento» de concurrencia empleado «todo se solventará».

Pero el auto de la juez que instruye la denuncia presentada en su momento por la otra empresa finalista del concurso, Emérita Resources, echa por tierra la cacareada transparencia del proceso, y apunta a la comisión «indiciaria» de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de la reapertura de la mina. Los ilícitos clásicos de un caso de corrupción.

En un texto demoledor, la juez señala hasta ocho irregularidades y apunta que «no se aprecia que la entidad Minorbis-Grupo México o Minorbis, S.L. cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación». Cuestiona la documentación aportada por la empresa en cuanto a seguros de indemnización por riesgos profesionales, que hizo «simples capturas de pantalla de las web de grupo Méjico y referencias genéricas» para acreditar el capital social suscrito, la experiencia de trabajos similares y el volumen de negocio análogo; no se cumplen las exigencias de maquinarias o material o que «el equipo técnico mínimo es puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica pese a las evidentes carencias que presenta, con documentos no convalidados siquiera y evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas».

Mención aparte merece el aspecto medioambiental, la gran preocupación de la Junta de Andalucía en un espacio gravemente afectado por el vertido de 1998.

El proyecto salió adelante tras un largo litigio de competencias con el Gobierno central, y quedó paralizado mientras IU fue socio de gobierno, que se opuso ante el cúmulo de irregularidades. Sin embargo, tras la ruptura del pacto a finales de enero, el expediente se agilizó y salió adelante un mes antes de lo previsto, en febrero, apuntándose Díaz el tanto de la creación de empleo en una comarca muy perjudicada por el paro. La empresa finalista llegó a apuntar que ya en diciembre se hablaba de que Minorbis, una empresa filial de Magtel, sería la ganadora, pese a ser una empresa de telecomunicaciones y por tanto ajena a la minería.

Este es precisamente la parte más oscura del proceso, dado que uno de los responsables de Magtel fue hasta 2012 un alto cargo de la Junta en Córdoba, en ella trabajaron destacados dirigentes del PSOE, según Emerita, y, curiosamente, fue beneficiaria de numerosas subvenciones y ayudas tanto de la administración autonómica como del Gobierno central en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.