El Estado no tiene responsabilidad civil en la muerte del policía arrojado al tren
El juez que investiga la muerte del policía que el pasado mes de enero fue arrojado a las vías del tren en la estación de Embajadores supuestamente por un inmigrante ha determinado que el Estado no es responsable civil subsidiario en el suceso, como solicitaba la acusación particular.
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, se pronuncia así en un auto fechado el pasado 16 de mayo.
La acusación particular solicitó que se declarase la responsabilidad civil del Estado, ya que considera que éste ha de responder por la indemnización de daños y perjuicios a la familia del agente Francisco Javier Ortega porque el imputado, Ali Raba Yode, tenía una orden de expulsión de España que no había sido ejecutada, por lo que se incumpliría la ley de Extranjería.
El magistrado sostiene que, según la doctrina más reciente, «solo cuando la Administración cometa una negligencia inexcusable podrá considerarse que estamos ante un supuesto de responsabilidad civil derivada de un delito».
«En el presente caso, aún en el supuesto de que la Administración estatal hubiera debido intentar la expulsión del imputado del territorio nacional, la relación de causalidad con el delito cometido no alcanzaría la entidad suficiente para estimar la responsabilidad civil del Estado. Ni siquiera acudiendo a la moderna teoría de la creación del riesgo», añade.