El Congreso decide el martes si investiga el pluriempleo de Pujalte y Conde
PSOE e IU defenderán que han vulnerado la ley con asesoramientos incompatibles con su escaño .
El Congreso debatirá y decidirá el martes si abre una investigación para comprobar si los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y Agustín Conde han violado la ley al realizar actividades privadas incompatibles con el cargo y con las que habrían vulnerado las condiciones que impuso la cámara para aprobar su pluriempleo. El PP, que será quien con su mayoría absoluta tenga la llave de la decisión, aún no ha aclarado si dará vía libre o no a las pesquisas, que por otro lado no tienen precedente porque las declaraciones de bienes y actividades nunca se comprueban. Los populares se limitaron a defender la legalidad de las actuaciones de Pujalte y Conde y a destacar que los únicos diputados que deben ser investigados por trabajo incompatible son los socialistas Ximo Puig, Patricia Hernández y Luis Tudanca, cabezas de lista este domingo en Valencia, Canarias y Castilla y León, y que aún no han dejado sus escaños pese a ser incompatibles con su inmediata entrada en parlamentos regionales.
En detalle
El debate se producirá en la Comisión del Estatuto del Diputado, el órgano que autoriza las compatibilidades, a petición de PSOE e IU, que reclamarán que se abran sendas investigaciones de las actividades privadas de Pujalte y Conde, que declaren y presenten toda la documentación para comprobar si se han ajustado a la ley.
Los socialistas consideran que Pujalte, autorizado para ejercer el pluriempleo como economista, cobró entre 2008 y 2009 unos 75.000 euros de la empresa Collosa por asesoría y que con esta actividad violó la ley y su compatibilidad por recibir ingresos de una firma que contrata con las administraciones públicas y por hacer uso de su condición de diputado para obtener un contrato mercantil. En el caso de Conde, el PSOE también considera que usó su condición de diputado para asesorar como abogado al Banco Santander y que, además, vulneró la ley al prestar servicios a entidades financieras, algo vedado por la norma.