La Audiencia de Palma decidirá si se rebaja la fianza a la infanta Cristina

El juez del caso Nóos, José Castro, ha decidido dejar en manos de la Audiencia Provincial de Palma la decisión de rebajar o no la fianza civil de 2.697.150 euros (incluidas multas) que impuso a la infanta Cristina como cómplice de los dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008

Tanto la hermana del rey como la Fiscalía reclamaron una reducción al considerar excesiva la caución. Ahora, Castro reenvía el asunto a sus superiores, al entender que ya no es competente sobre esta decisión, pues la instrucción de la causa ya ha sido concluida y todo el sumario está ya en la Audiencia Provincial a la espera de que se fije una fecha para el juicio.

El magistrado explica en una resolución hecha pública ayer que su juzgado, tras elevar el caso a sus superiores, solo conserva una competencia «puramente residual» sobre las fianzas, básicamente circunscrita a la ejecución de esas cauciones, pero no tiene poder ya para acordar nada sobre la «modificación» de estas cifras, tal y como le reclaman la duquesa y Anticorrupción.

«No es que a la representación procesal de doña Cristina, al igual que a los demás acusados, no le asista el derecho a solicitar reducción de fianza», explica el juez. «Sino simplemente que no tratándose de ningún recurso» para aclarar algún extremo sobre esa cantidad, la competencia debe declinarse en favor del tribunal que juzgará la causa, el de la Sección Primera.

A esta este tribunal fue al que la pasada semana José Castro envió el centenar de tomos y los 76.000 folios de la llamada pieza 25 del sumario ‘Palma Arena’, más conocida como el ‘caso Nóos’ para que sea enjuiciado por los magistrados Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y Samantha Romero.

Insinuaciones

La infanta, en un escrito muy duro enviado hace dos semanas al juzgado, insinuaba que los cálculos del magistrado para fijar su fianza están guiados por la acusación de Manos Limpias y que la caución que le exige el instructor es simplemente «aberrante», al margen de apuntar, sin demasiado disimulo, que la actuación de Castro es «antijurídica».

Los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva, defensores de la duquesa, reclamaron entonces al juez que rebajara de inmediatamente la fianza a la hija de don Juan Carlos a una sexta parte. Esto es, de esos casi 2,7 millones de euros a 449.525 euros.

La infanta, en su escrito al que luego se sumó Anticorrupción, sostenía que esa cifra es más acorde con la acusación que pesa contra ella: ser cooperadora necesaria en un fraude al fisco de 337.143 euros. Una cantidad a la que, entiendían sus abogados, habría que sumarle un tercio a modo de multa, hasta llegar a esos 449.525 euros.

El equipo jurídico de Cristina de Borbón consideraba «manifiestamente injustificada» la decisión de José Castro de admitir la petición de Manos Limpias de que a la hermana menor del jefe del Estado se le aplicara la fianza más alta posible, o sea, el séxtuplo de la cantidad defraudada por su marido. Reprochaba al magistrado que aceptara la reclamación de la acusación popular a pesar de que «no fundamentó» por qué se pedía la pena máxima a la infanta, cuando no concurren en su caso -sostienen sus abogados- «agravante alguna».