La Fiscalía se opone a publicar las condenas de los grandes defraudadores
Pregunta por qué el Gobierno no se plantea publicar otros fallos sobre corrupción.
El ministro de Hacienda, Montoro, durante su intervención en una sesión de control al Ejecutivo
Duro varapalo del Consejo Fiscal al proyecto de Cristóbal Montoro de hacer públicas las sentencias sobre grandes defraudadores. El órgano de gobierno del Ministerio Público directamente cree que hay otras formas para disuadir de defraudar a la Agencia Tributaria, amén de apuntar que viola la intimidad de personas que no tienen interés público o que conculca el principio básico de la reinserción.
El preceptivo informe del consejo Fiscal —que no vinculante— sobre el Anteproyecto de Ley General Tributaria que abre la puerta a hacer pública la «información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal» en síntesis cuestiona duramente la reforma. Desde luego, mucho más que el dictamen del Poder Judicial que avaló la idea como «un elemento preventivo y educativo».
La crítica central de Ministerio Público se basa en que la reforma, aunque en su exposición de motivos «se manifiesta claramente en contra de atribuir naturaleza sancionadora» a la publicación de los nombres, realmente sí que persigue una suerte de castigo adicional a los defraudadores. Y esto, apunta el dictamen, debería contemplarse en el Código Penal.
Pero hay más. Al tratarse de un doble castigo, los redactores del texto tendrían que tener en cuenta que la publicación de las sentencias condenatorias «no puede frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente» por lo que, de «adoptarse como pena», el texto tendría que incorporar la posibilidad de que los datos de la condena se eliminasen «también del lugar en que hayan sido publicados».
Proteger el honor
«El objetivo de rehabilitación podría verse seriamente menoscabado si la información sobre las condenas penales fuera ampliamente disponible y pública, y esta es la razón por la que el Registro Central de Penados fue declarado como un registro no público en base fundamentalmente de un interés en proteger el honor y la intimidad de las personas», recuerda el documento.
Ya con estos escollos, apunta el Consejo Fiscal, el legislador (o sea en este caso el propio Gobierno que promueve la reforma) debía «reflexionar» si seguir adelante y si son útiles unas modificaciones tan drásticas cuando por, ejemplo, para conseguir que los condenados consigan subvenciones o contratos con las administraciones bastaría la notificación de esos fallos a las instituciones.