LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
Pedraz archiva el 'caso Couso'
El magistrado de la Audiencia Nacional asegura que no tiene margen para seguir la investigación después de que el Supremo archivase el 'caso Tíbet'
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado este martes el 'caso Couso' y lo ha elevado a la sala penal de la Audiencia para que sea esta sala la que dé por concluida la investigación de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en mayo del 2003 en Bagdag (Irak). El togado ha tomado esta decisión tras la reforma de la justicia universal y la interpretación que ha realizado de la misma la sala penal del Tribunal Supremo.
El togado explica que no tiene margen para continuar la investigación después de que el Supremo archivase el 'caso Tíbet' al entender que no puede ser perseguido por la justicia española. Pedraz destaca que esta sentencia del alto tribunal ha sido dictada por el pleno de la sala de lo penal del Supremo y por "todos los magistrados que componen dicha sala, sin que además concurra voto particular alguno, y además, en la fundamentación jurídica se dice ( y se reitera ) que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento". Es una doctrina que, como argumenta Pedraz, tiene verdadera fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores.
A pesar de ello, Pedraz lamenta que los tres militares estadounidenses procesados por estos hechos no puedan ser investigados ni en España ni en otros países puesto que la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en España.
ORDEN DE BUSCA, SIN EFECTO
Por ello, el togado, tras constatar estas exigencias declara incompetente a la justicia española. Y deja sin efecto la orden de busca y captura nacional e internacional dictada contra estos tres militares procesados . Y es, el juez reconoce, que "el flexo no podrá mantenerse encendido" por lo que los procesados podrán desplazarse a otros países que hayan suscrito la Convención, e incluso a España, con la seguridad de que no van a ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda".
En esta causa están procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con un delito de homicidio.