Alaya se va imputando a dos ex consejeros
La jueza les acusa de favorecer a empresas que subsistían «exclusivamente de subvenciones» en relación con el supuesto fraude de los cursos de formación.
La juez Mercedes Alaya abandonó ayer su juzgado de Sevilla demostrando que ha estado trabajando hasta el último minuto y dictó un auto en el que implica a dos ex consejeros andaluces de Empleo en el supuesto fraude de los cursos de formación. Antonio Ávila y Manuel Recio, señalados ya en el caso ERE y que llegaron al Gobierno regional con José Antonio Griñán, se suman así a su predecesor, Antonio Fernández, y a varios ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2008 y 2012, a los que la juez acusa también de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El auto se conocía casi al mismo tiempo que la nueva jueza de instrucción 6 tomaba posesión de su despacho, dejando a Alaya a la espera de conocer la decisión sobre el reparto de las macrocausas. Pero antes de marcharse la juez sevillana ha tenido tiempo de dar un último impulso a la investigación de los cursos de formación, la que menos avanzada está.
Según sostiene la juez, estos altos cargos de la consejería de Empleo y el SAE «han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedican a la misma, generando una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones».
En este sentido, Alaya arremete contra la falta de planificación y control de las actividades formativas, desde la calidad de los cursos impartidos hasta la evaluación o los trámites a seguir para justificar las ayudas, subrayando la «falta de documentación justificativa» en la mayoría de los expedientes. Estima que por la falta de personal y tiempo, y ante los retrasos injustificados, la Junta acababa concediendo los certificados del curso. Y reprocha que entre 2010 y 2011 no se inició un solo expediente de reintegro «pese al panorama de irregularidades descritas por la Intervención general».
En el auto se cita como beneficiarios de estas ayudas a la formación a los sindicatos y a la patronal, a grandes «entramados empresariales» y a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.