Las víctimas instan a todos los partidos a sumarse al pacto antiyihadista

Un minuto de silencio puso ayer fin al homenaje anual que el Congreso de los Diputados rinde a las víctimas del terrorismo. En pie, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro del Interior, el líder del PSOE y representantes de los principales grupos parlamentarios, instituciones y asociaciones de víctimas, recordaron a todos los afectados por esta lacra. En la memoria de los asistentes estaban, sin embargo, especialmente los fallecidos el día anterior en los atentados perpetrados en Túnez, Francia, Somalia y Kuwait. La amenaza yihadista copa hoy por hoy los esfuerzos que el Estado empleaba antaño en la lucha contra ETA. Y si el trabajo se ha reenfocado, también en buena parte las demandas de quienes perdieron a sus familiares por el camino.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo señaló ayer el pacto antiyihadista suscrito por PP y PSOE como la senda a seguir para hacer frente a un enemigo difuso que plantea, según los expertos, el mayor desafío de nuestros tiempos. Mari Mar Blanco, hermana del edil del PP Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado en 1997, llamó al resto de fuerzas políticas a formar parte del consenso. La unidad es, a su juicio, el instrumento más «eficaz» del que disponen los países para responder a un reto «global», a un tipo de terrorismo que «no discrimina a la hora de elegir a sus víctimas».

Los grupos parlamentarios renunciaron, sin embargo, el pasado mes de febrero a formar parte del acuerdo que terminaron por sellar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE tras los atentados contra la revista francesa Charlie Hebdo .

Pero no sólo los partidos encuentran puntos de discrepancia en materia de terrorismo. Este año, nuevamente, tres asociaciones han decidido ausentarse del homenaje que coincide con el aniversario de la muerte de la primera víctima de ETA, la niña de 22 meses Begoña Urroz, que perdió la vida en el atentado de 1960 en la estación de Amara, en San Sebastián. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), declinaron la invitación del Congreso. En unos casos, por no estar de acuerdo con la política del Gobierno o por la presencia de Amaiur en la cámara, y en otros, por una polémica que se arrastra desde los orígenes de este acto y que ha distanciado a algunos colectivos.

El malestar se debe a que, aunque el de ayer fue el sexto tributo que se realiza en el Parlamento, sólo es el segundo en el que las víctimas pueden tomar la palabra, debido a que inicialmente todo transcurría en el hemiciclo, sin posibilidad de que se escuchara su voz. El presidente de la cámara baja, Jesús Posada, se inclinó el año pasado por resolver el conflicto trasladando la convocatoria a la sala que lleva, además, el nombre del ex ministro socialista asesinado por ETA, Ernest Lluch. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que respeta la postura de quienes mantienen su recelo sobre la clase política, y que suscribe que además de homenajes son necesarios «hechos», reclama pese a ello que se asista al Congreso.

Es la forma de reivindicar algunos de los mensajes que Blanco aprovechó para lanzar contra Ahora Madrid y Podemos. Los tuits del concejal madrileño Guillermo Zapata con comentarios sobre una de las víctimas de la banda, Irene Villa, y la postura de Pablo Iglesias contra la dispersión de presos han levantado ampollas entre quienes sufrieron los ataques de violencia etarra. La presidenta de la fundación abogó por que «no representen a los ciudadanos» aquellos que muestren signos de «intolerancia y odio», y defendió que lo «trágico» es el sufrimiento de las víctimas y no los kilómetros que recorren los familiares de los terroristas para «abrazar a los verdugos».