Un juez investiga a ETA por delitos de lesa humanidad desde el 2004

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha acordado, a petición de varias asociaciones de víctimas del terrorismo, investigar a ETA por delitos de lesa humanidad por los atentados que ha perpetrado desde el 1 de octubre del 2004.

En un auto, el magistrado pide a los Servicios de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil que informen "a la mayor brevedad posible" sobre la existencia de causas abiertas en relación con los delitos de asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de ETA desde el 1 de octubre del 2004. Les reclama que faciliten el número de sumario, diligencias y juzgado en el que se encuentran, así como que identifiquen a los integrantes de los órganos directivos de la banda desde esa fecha, precisando los correspondientes periodos.

El magistrado considera que los crímenes cometidos por ETA se pueden enmarcar en un delito de lesa humanidad, que contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso o deportación, entre otros, cuando se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella, siendo este el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad".

"ATAQUE SISTEMÁTICO"

"En el caso de los crímenes de ETA concurren dichos elementos o circunstancias" -sostiene-, "pues los hechos delictivos se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil, constituidos por colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos".

El juez limita la investigación de los hechos a partir del 1 de octubre del 2004, que es cuando entra en vigor el delito de lesa humanidad y, por lo tanto, solo sería posible su aplicación en el caso de que se tratara de una norma más favorable, tal y como establece la legislación.

DESCARTADO EL GENOCIDIO

Por el contrario, el magistrado descarta la existencia de un delito de genocidio porque "los grupos protegidos deben ser identificados principalmente con arreglo a alguno de los criterios contenidos en el texto de la ley, es decir, la nacionalidad, la etnia, la raza o la religión, considerados aisladamente o en combinación con otros". Por ello, González considera que "no es posible identificar el grupo formado por las víctimas de los hechos como grupo nacional, pues sus integrantes comparten la nacionalidad con el grupo de los autores, lo que impide que se tome como elemento identificativo y distintivo".

Además, sostiene que la actividad criminal de ETA desde sus orígenes tiene una finalidad política. Y que ha funcionado como un sistema de persecución política de los discrepantes "que aparecen ante sus ojos como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos". Por este motivo, apunta, entre sus víctimas hay "militares y miembros de las fuerzas de seguridad, así como cargos políticos, y personas, aunque en menor medida, próximas al nacionalismo vasco".

A pesar de ello, el juez afirma: "En cualquier caso, los diferentes colectivos de víctimas de ETA no pueden ser considerados grupo nacional o parte de un grupo nacional, pues en el País Vasco, víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros".

RESPONSABILIDADES DECISORIAS

En definitiva, el juez considera que "no puede excluirse la responsabilidad de quienes como integrantes de los órganos directivos de la banda terrorista, constitutiva de una estructura de poder perfectamente organizada, hubieran asumido la dirección global y las responsabilidades decisorias, con perfecto dominio de la organización, pues deberían responder de los hechos delictivos que han dirigido o respecto de los cuales han decidido".