La Audiencia investigará el caso Rato por indicios de blanqueo
La institución abrirá unas diligencias distintas a las de la trama Bankia.
El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
El llamado caso Rato ha vuelto a sus orígenes primigenios. Y es que los primeros detalles que levantaron las sospechas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) para abrir unas pesquisas sobre el patrimonio real del que fuera vicepresidente económico del Gobierno en la etapa de José María Aznar —que Hacienda cifra, como «mínimo», en 26,6 millones de euros— surgieron precisamente de movimientos de capitales vinculados al caso Bankia.
La Fiscalía Anticorrupción, no obstante, sostiene que ambas causas «no guardan conexión», al menos directa, aunque si quiere que las dos estén en la Audiencia Nacional, criterio que comparte el juez. Porque indirecta sí podría existir en la medida que Rodrigo Rato habría realizado —según Hacienda— «presuntas operaciones de despatrimonialización» en los últimos años tras su imputación por la salida a bolsa de Bankia, primero, y después por el despilfarro con tarjetas del banco y de Caja Madrid.
Esos movimientos «se vienen produciendo con mucha intensidad en 2014 y 2015» , sostiene la Agencia Tributaria para justificar las pesquisas que inició el año pasado. En ese período se le han impuesto hasta tres fianzas civiles, pero de momento se ha descartado la posibilidad de un alzamiento de bienes.
En detalle
En abril, las indagaciones previas se tradujeron en una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Luego el tema se judicializó para acabar en un juzgado de instrucción ordinario —previos registros en varios inmuebles de Rato donde se ha incautaron más de 40.000 hojas y archivos informáticos— porque aún no se veía clara la competencia de la Audiencia Nacional.
Pero en los apenas cuatro meses transcurridos el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, no ha avanzado casi nada, quizás porque la inhibición del caso que ha hecho ahora ya la intentó sin suerte entonces. En este tiempo se ha limitado a ordenar el bloqueo de las cuentas y otros productos financieros de Rato, amén de alertar en el Registro de la Propiedad de que sus bienes están bajo investigación judicial, todo a petición de la Fiscalía. Y para recuperar su control le impuso una fianza de 18 millones que el «encausado» —el instructor tampoco llegó a imputarle formalmente delito alguno— no ha podido sufragar todavía.
Apenas ha pedido unos pocos datos más y no ha ordenado comisión rogatoria alguna, pese a que Rato tiene (o ha tenido) «por sí mismo o través de sociedades un elevado tráfico financiero» con paraísos fiscales, como alertaba Hacienda. Esta labor corresponderá ahora al nuevo juez que asuma la instrucción, puesto que una copia de la causa ya ha ido camino de la Audiencia Nacional.