La Fiscalía descarta investigar a Jorge Fernández por su reunión con Rato
El fiscal no ve indicio de delito en el encuentro y el PSOE cree que «mira para otro lado».
El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia.
La Fiscalía descartó ayer de plano abrir una investigación penal contra el ministro del Interior por haber recibido durante una hora en su despacho oficial al ex dirigente del PP y actual imputado en varias causas judiciales Rodrigo Rato, tal y como le pidió hace una semana el PSOE.
La decisión desató la euforia del PP y del Gobierno, que ven en la resolución la última palada que permitirá enterrar de manera definitiva el escándalo político desatado por la iniciativa de Jorge Fernández, y el enfado del PSOE, el denunciante, que considera que el Ministerio Público lo que ha hecho con su decisión es «mirar para otro lado» y renunciar a averiguar qué paso el 29 de julio pasado en el despacho del ministro y de qué se habló.
La Fiscalía, sin embargo, considera que de los hechos descritos por los socialistas, basados fundamentalmente en recortes de prensa, no se puede deducir indicio alguno sobre la comisión de un delito, por lo que decreta el archivo. La resolución, comunicada a través de la web oficial de la Fiscalía del Estado, se limita decir que no habrá investigación por «la ausencia de soporte fáctico» (no ve materia) y porque cree que los socialistas pretenden una indagación de «carácter prospectivo» no permitida por la legislación penal, es decir, la apertura de diligencias para comprobar si a partir de ellas se detecta un delito.
El PSOE denunció a Fernández por la posible comisión de un delito de prevaricación —realización de actos ilegales a sabiendas—, de omisión del deber de perseguir delitos —en el caso de que hubiese iniciado o pactado gestiones para bloquear investigaciones en marcha—, y de revelación de secretos —si hubiese aportado al imputado información sobre la marcha de las causas que le conciernen—.
La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la competente por tratarse de un miembro del Ejecutivo, cierra la puerta a una investigación específica contra Fernández Díaz, pero no liquida del todo que se pueda ver salpicado más adelante en la vía penal por la polémica reunión.