Rajoy avanza un modelo único de atención sanitaria a los ‘sin papeles’
Se pretende armonizar la forma de atender a este tipo de inmigrantes.
El Ministerio de Sanidad convocará una reunión el 2-S.
El presidente del Gobierno se resistía ayer a reconocer la «confusión» generada después de que la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes, el nuevo referente del PP, se haya sumado a las regiones que buscan devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. La disparidad de protocolos entre unas y otras autonomías para esquivar la exclusión decretada en 2012 por el Ejecutivo, podría tener, según Mariano Rajoy, los días contados.
El Ministerio de Sanidad convocará el próximo 2 de septiembre a todas las comunidades para armonizar la forma en la que se está atendiendo o se pretende atender a los ‘sin papeles’. Será la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud la encargada de estudiar el documento en el que trabaja el Gobierno para cerrar un nuevo modelo único de asistencia para personas en situación irregular en todo el territorio. El mismo modelo que ya prometió el ministro Alfonso Alonso en marzo. «El PP quiere dar un paso adelante», anticipaba el viernes el secretario general del grupo parlamentario popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.
Hasta ahora este tipo de inmigrantes tienen acceso a los servicios de Urgencias, aunque en varias regiones se han establecido requisitos, como un tiempo mínimo de empadronamiento, para que además les corresponda un médico de familia. Desde las elecciones del pasado 24 de mayo, las comunidades rebeldes han ido, de hecho, en aumento al cambiar el color de los gobiernos y pasar a manos de la izquierda. De este modo, Aragón, Cantabria, Valencia y Baleares ya han devuelto la asistencia sanitaria a los ‘sin papeles’, mientras que Extremadura y Castilla-la Mancha han avanzado la misma intención.
Ahora, la cita de septiembre será el segundo intento en menos de dos meses de llegar a un acuerdo. En la reunión entre los consejeros y los representantes ministeriales que se produjo el pasado 14 de julio se llegó a un consenso, aunque con la gran mayoría de los asistentes en funciones y a la espera de ser sustituidos. Ese pacto estipulaba que los inmigrantes irregulares debían tener al menos un año de empadronamiento, el pasaporte en vigor y presentar la solicitud para recibir la asistencia en un centro de atención primaria. Sólo surgieron dudas de carácter legal, motivo por el que se preguntó al ministerio del Interior si el personal sanitario tenía la obligación de informar sobre la presencia de ilegales, y si este trámite generaba algún tipo de derecho de arraigo. Las respuestas fueron negativas en ambos casos.