España vendió armas a Venezuela y Arabia Saudí
Estas transacciones tuvieron lugar entre el año 2010 y el 2014 en las que el volumen de negocio de las mismas ascendió a 1.730 millones de euros, un 10% del total .
Venezuela y Arabia Saudí lideraron la lista de clientes de España en la venta de material de Defensa en los últimos cinco años. Ambos países, junto a Australia, se han convertido en los tres importadores no europeos más destacados por sus inversiones en aviones, buques de guerra y patrulleros de vigilancia marítima fabricados por empresas españolas. El volumen de negocio alcanzado con Venezuela y Arabia Saudí desde 2010 hasta 2014 fue de 1.730 millones de euros, un 10% del total, pese a que el país iberoamericano está sujeto a un embargo provisional por parte de la Unión Europea para la adquisición de determinado material por su “inestabilidad interna”.
Según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Comercio, los tres clientes destinaron sus compras sobre todo a rearmar a sus respectivos ejércitos. Cada uno por sus propias circunstancias geopolíticas y económicas. En el caso de Venezuela para proteger los yacimientos petrolíferos de sus costas; Arabia Saudí pensando en la porosidad de sus desérticas fronteras con Omán y Yemen, país en guerra civil donde el Ejército saudí está llevando a cabo una intervención terrestre; y Australia en línea con el rearme que atraviesa la región Asia-Pacífico, la zona donde más se ha incrementado el gasto militar mundial.
Entre 2010 y 2012, Venezuela encabezó la lista de importadores de material de Defensa español, con más de 960 millones de euros. Adquirió cuatro patrulleros de costa construidos por Navantia, sociedad pública perteneciente a la SEPI, y tres buques de vigilancia marítima.
Pero el embargo temporal impuesto sobre artículos de defensa personal (material antidisturbio, sobre todo) afectó al comercio bilateral y disminuyó la factura a tan solo 27 millones de euros durante los dos últimos ejercicios, en los años 2013 y 2014.
Esta situación, como es lógico, redundó en la autorización de nuevas licencias industriales por parte del Gobierno español y en la demanda venezolana.