La reforma del Constitucional, «estrategia política» para el PP

La reforma del Tribunal Constitucional llega en el tiempo de descuento de una legislatura de cuatro años que el presidente del Gobierno siempre pensó agotar. Incluso el pasado domingo, en el mitin de Sotomayor y con cierto halo de misterio, Mariano Rajoy advertía de que su Ejecutivo aún «va a marcar unos cuantos goles». Y así ha sido.

En solitario y en el último momento, el PP registró el martes, a 26 días de las elecciones catalanas, la iniciativa que amenaza al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los independentistas con la suspensión de sus funciones en caso de incumplimiento de las sentencias judiciales. «¿Se podría haber hecho antes? —Se preguntaba ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá— Es un debate un poco académico de ideas». En realidad es mucho más sencillo. Pura «estrategia política».

Lo admitía Pedro Gómez de la Serna en el Congreso. «Es difícil intentarle negar a un partido que escoja la oportunidad política más conveniente», defendió el diputado popular cuando resta menos de un mes para el 27-S. Hasta llegó a justificar el no haber iniciado contactos con la oposición. «La reacción de pataleta o rabieta electoral que han tenido nos confirma en la estrategia de no haberlo compartido con ellos», zanjó. En el partido, sin embargo, tratan de borrar el apellido «electoralista» con el que los grupos políticos han bautizado su propuesta.