El Parlamento andaluz investigará el fraude de los cursos de formación
La coalición de izquierdas ya anunció su disponibilidad para presidir la comisión, al igual que Ciudadanos .
El fraude de los cursos de formación será finalmente investigado por el Parlamento de Andalucía. Ahora los partidos deberán ponerse de acuerdo en si se aprueba la propuesta en este sentido del PP, que quiere incluir en las comparecencias a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o la de Ciudadanos, que trata de erigirse además en árbitro del partido al entender que tanto socialistas como populares «tienen mucho que callar en temas de corrupción política en este país».
La comisión, la segunda en tres años que llega a la cámara tras la que investigó el caso ERE —y que se cerró en falso por el desacuerdo de los partidos en señalar a los responsables— será aprobada en el pleno de la próxima semana.
Aunque todavía no se sabe nada del desarrollo de los trabajos ni de las comparecencias, las sesiones se prolongarán durante varias semanas y coincidirán por tanto con la precampaña de las generales, lo que levanta no pocas suspicacias acerca de los posibles réditos electorales que intentarán sacar unos y otros, como lamentó ayer IU.
Recelos
La coalición de izquierdas ya anunció su disponibilidad para presidir la comisión, al igual que Ciudadanos. Desde IU y el PP, no obstante, recelan de este ofrecimiento y temen que la formación naranja, que facilitó la investidura de Susana Díaz, tenga ya «todo concertado» con el PSOE para descafeinar la comisión, ya que el presidente es quien controla tanto los tiempos como el contenido de la misma. De momento, el líder de C’s no se ha pronunciado sobre posibles comparecencias, mientras que los ‘populares’ quieren que la investigación se extienda hasta 2014, lo que supondría citar a declarar a Díaz.
El fraude fue destapado por la Policía en la primavera de 2014, y se llegó a poner en tela de juicio todas las partidas para formación para el empleo entre 2007 y 2011, un montante de unos 3.000 millones, aunque la investigación interna realizada por la Junta de Andalucía reduce esta cifra y estima que no se han justificado de forma suficiente casi 71 millones de euros.