Bárcenas pide quedarse con los 720.000 euros que le dio el PP aunque haya fraude
Bárcenas, acompañado de su abogado, durante el juicio del pasado mes de julio.
Luis Bárcenas quiere quedarse como sea con el famoso ‘finiquito diferido’, aunque tres tribunales hayan dictaminado ya que fue una ilegal «simulación de contrato» y a pesar de que la Tesorería de la Seguridad Social está a un paso de multar al PP por pagarle y cotizar por él durante casi tres años, aunque el extesorero ya no realizaba trabajo alguno para el partido.
En síntesis, Bárcenas reclama quedarse íntegramente con los 719.502,99 euros que el PP le pagó entre el 16 de abril de 2010 —cuando dejó el Senado tras ser imputado por primera vez en el caso Gürtel— y el 31 de enero de 2013. Esa es la tesis central de las alegaciones que ha presentado ante la Tesorería de la Seguridad Social, en el marco del expediente abierto al PP por las cotizaciones supuestamente irregulares que realizó por su extesorero en ese período.
El ex senador del PP entiende que ese dinero, a pesar de haya sido pagado sin ningún tipo de contraprestración por su parte y engañando además a Hacienda y a la Seguridad, es suyo, ya que el que habría cometido el fraude sería el empleador (el Partido Popular) y las irregularidades sería exclusivamente achacables a la empresa, que fue la que ordenó los pagos a la Seguridad Social. Del mismo modo, entiende Bárcenas que no debe alterarse su vida laboral y que en su expediente deben constar como trabajados y, por ende, cotizados esos casi tres años.
Alegaciones
El abogado ‘laborista’ de Bárcenas, Enrique Villegas, también ha pedido a la Seguridad Social el ex pediente completo abierto contra el PP, para conocer si debe ampliar sus alegaciones.
La decisión de la Tesorería de abrir una investigación se produce después de que tres juzgados diferentes en los que se ventilan las cuitas laborales entre el ex tesorero y su anterior empleador hayan certificado que en aquellos años el PP y su asalariado simularon una relación laboral, que en su momento María Dolores de Cospedal definió como «finiquito en diferido».
El pasado 4 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia con que confirmó que el despido no fue improcedente, ya ordenó investigar esos pagos al entender que había un posible fraude a la Seguridad Social por haber cotizado el PP por Bárcenas cuando en realidad ya no era su empleado y no realizaba trabajo alguno para la formación.