Gobierno y comunidades solicitan a la farmacéutica que indemnice a las víctimas de la talidomida

El Gobierno y las comunidades autónomas han pedido hoy a la farmacéutica Grünenthal Pharma que indemnice a las víctimas de la talidomida en España como ha hecho en otros países, al margen de las sentencias judiciales sobre el caso.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en la que se ha aprobado "una declaración de apoyo" a las víctimas.

En la reunión, el Ministerio y las comunidades han reclamado a la farmacéutica que indemnice a los afectados como ha hecho en otros países, sin necesidad de sentencias judiciales.

El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de las víctimas de la talidomida y les negó la indemnización que reclamaron a la farmacéutica que comercializó este medicamento para embarazadas, y que causó malformaciones a miles de niños hace casi sesenta años.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado la primera Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-2020, colectivo que ha experimentado un aumento del 30 por ciento durante la crisis hasta alcanzar las 23.000 personas, de las cuales un 35 por ciento duerme en la calle.

En su intervención, el ministro ha mostrado su preocupación por la evolución del perfil de las personas sin techo, entre las que hay más jóvenes, más mujeres, más mayores de 45 años y más población extranjera no comunitaria, sobre todo, procedente de países africanos, y que esta situación se hace crónica en muchos casos.

Cada seis días en España muere una persona sin hogar en un espacio público, ha precisado el ministro, quien ha señalado que la estrategia establece pautas de actuación política y social para todas las administraciones.

La estrategia concretará la acción presupuestaria en cada uno de los planes posteriores y a la vista de los recursos disponibles, ha apuntado.

El documento contiene un conjunto de medidas basadas en la defensa de los derechos humanos y sociales de estas personas, la unidad de acción, la prevención, la actuación temprana y la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Busca caminos innovadores, a partir de la experiencia internacional, y traslada a las administraciones autonómicas y locales soluciones para ofrecer una vivienda a las personas sin hogar, dentro de un amplio programa de acompañamiento social.

Por otra parte, tal como reclamaban varias comunidades de la oposición, el ministro ha confirmado la creación de un grupo de trabajo para la evaluación global de la ley de dependencia, que sirva de preparación para "un gran debate político" que pueda dar impulso a "un pacto de Estado" sobre esta cuestión en la próxima legislatura.

El grupo de trabajo pretende hacer un análisis en profundidad del sistema de dependencia, más allá de las evaluaciones anuales de la aplicación, sin cerrarse a ninguno de los aspectos, ni los más polémicos, como la financiación.

Para Alonso, la atención a la dependencia se enfrenta a nuevos retos relacionados con la financiación y la participación en esta cuestión por parte de los usuarios, algo que recoge la ley.

Las comunidades gobernadas por la oposición han reclamado la creación del grupo para que evalúe tanto la aplicación de la ley como su financiación, ya que han reprochado al Gobierno que haya dejado de cumplir con la obligación de aportar la mitad de los recursos de la dependencia.

Por el contrario, las autonomías del PP, como Madrid y La Rioja, han asegurado que la situación del sistema de dependencia era catastrófica al comenzar la legislatura, pero ahora hay "más dinero que nunca" para atender a los beneficiarios.

La mayoría de las comunidades se han mostrado preocupadas por la ley de reforma local, que prevé que los ayuntamientos dejen de tener las competencias de servicios sociales desde enero de 2016, que pasarán a las comunidades, con el consiguiente incremento presupuestario para éstas y un posible deterioro de las prestaciones.

Así, han reclamado una prórroga de dos años de la aplicación de la ley en esta cuestión.

El ministro ha replicado que decidir un aplazamiento no le corresponde a él, pero sí la "preocupación" para que los servicios municipales se presten con normalidad y garantías.

El Consejo ha aprobado además un acuerdo para avanzar en la profesionalización de las personas y centros de atención a la dependencia, según la acreditación de titulaciones, cualificaciones y perfiles laborales.

Los requisitos de cualificaciones profesionales serán exigibles desde el 31 de diciembre de 2017, en todo caso cuando terminen los procesos de acreditación de la experiencia laboral iniciados antes de esa fecha.