Mas amenaza con desobedecer si se le condena por el 9N con la inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, asumió ayer ante el juez toda la responsabilidad política de la organización del referéndum alternativo del 9 de noviembre del año pasado. Pero una vez fuera del tribunal, y tras recibir un baño de masas independentistas, amenazó con desobedecer si es condenado a una pena de inhabilitación para cargo público.

Mas declaró como imputado ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye la causa penal por el sucedáneo de consulta y se mostró dispuesto a capitalizar todo el rédito político del proceso judicial. En un momento trascendente para el proyecto independentista, pues una parte significativa del secesionismo, básicamente la CUP, cuestiona su idoneidad para liderar el proceso hacia la desconexión con España, Mas aprovechó su cita con la justicia, un hecho inédito en Cataluña desde la querella contra Jordi Pujol en 1984 por el caso Banca Catalana, para erigirse en el referente del independentismo porque fue el dirigente que puso las urnas, el que ha tenido que afrontar una querella fruto de la «rabia» del Estado por el «éxito» de aquella consulta y quién sabe si en el futuro el que se negará a obedecer una sentencia condenatoria.

Compareció poco más de una hora ante el juez e igual que sus ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega se negó a responder a la Fiscalía y a la acusación particular. No atendió a las interpelaciones del Ministerio Público paa mostrar su desacuerdo con el cambio de opinión que, a su juicio, protagonizó la Fiscalía de Cataluña, que primero no vio indicios de delito en la actuación del Gobierno catalán en el 9N y más tarde, a instancias de la Fiscalía General del Estado, decidió presentar la querella.

Mas, según señaló en una intervención posterior en el Palau de la Generalitat, se declaró responsable de haber escuchado a miles de personas que reclamaban una consulta en las manifestaciones de la Diada, de haber obedecido diversas resoluciones del Parlamento catalán que pedían ese referéndum y de dar voz y voto a los ciudadanos para recibir un mandato democrático. «Me declaro -dijo- máximo responsable de haber tomado la iniciativa política y de haber ideado e impulsado el proceso participativo».

Su línea de defensa pasa por minimizar legalmente el 9N y reducirlo en lo jurídico a un mero proceso participativo, destinado a conocer la opinión de la gente, y por reconocer también que la Generalitat ideó e impulsó el 9N hasta donde permitió el Tribunal Constitucional.

El presidente de la Generalitat mostró su convencimiento en que en la causa del 9N «no hay tema desde el punto de vista legal». Pero si fuera condenado, no descartó la desobediencia. «Depende de la situación jurídica» en que se encuentre Cataluña, señaló. Vino a decir que si hubiera sentencia en un contexto en que Cataluña se encontrara en vías de separación, podría no acatar la posible inhabilitación.