El Gobierno eleva el tono y dice estar listo para frenar a Mas

El Gobierno ha vuelto a blandir el artículo 155 de la Constitución (el que coloquialmente se conoce como el de la suspensión de la autonomía) tras escuchar de boca delpresident Artur Mas que se está planteando desobedecer una eventual inhabilitación por la consulta del 9-N. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han asegurado en las últimas horas que el Gobierno dispone de las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley en referencia a ese artículo de la Carta Magna y también a la reciente reforma del Tribunal Constitucional, que promueve la suspensión de los responsables públicos que no cumplan sus sentencias.

La número dos del Ejecutivo considera que es una «barbaridad» que un dirigente político se atreva a insinuar que no va a acatar la ley. «¿Qué fuerza tendrá entonces para pedir a los catalanes que respeten las leyes que apruebe el Parlament?», le ha preguntado este viernes desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Creo que Mas piensa que la democracia es él y la democracia es el cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial», ha añadido.

 

DEBATE JURÍDICO

Santamaría ha pronunciado estas palabras poco después de que Mas, en una entrevista en RAC- 1, reafirmara sus declaraciones del jueves. «Ante el no del Estado solo hay dos opciones: o te pliegas y te inclinas o plantas cara», ha afirmado. La vicepresidenta no le ha respondido con la amenaza directa del artículo 155 (un precepto que nunca se ha aplicado hasta el final, ver cuadro adjunto), pero sí que ha querido dejar claro que el Estado está protegido para hacer acatar las resoluciones judiciales sobre todo con la reforma exprés del Constitucional.

Fuentes del PP han explicado a este diario que los cambios en el reglamento de este tribunal evitarían tener que utilizar la opción de la Carta Magna para intentar frenar a Mas. Y no solo por un motivo.

Por un lado, algunos expertos consideran que para aplicar este artículo -que señala que si el presidente de una comunidad no atiende sus obligaciones constitucionales, el Ejecutivo puede adoptar «las medidas necesarias» para exigir que las cumpla de manera «forzosa»- debería desarrollarse previamente una ley orgánica para evitar problemas jurídicos.

 

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Pero hay otra razón más. Mariano Rajoy ha anunciado que las elecciones generales se celebrarán el 20 de diciembre, fecha que le obliga a convocarlas el 26 de octubre. Y ese decreto de convocatoria va acompañado habitualmente de la disolución de las Cortes. Es decir, habrá varias semanas, hasta mediados de enero, en las que el poder legislativo estará representado por las Diputaciones Permanentes. Un asunto nada baladí si Mas incumple la ley durante ese periodo, ya que el artículo 155 de la Constitución señala que para obligar a la comunidad autónoma «al cumplimiento forzoso» de sus «obligaciones» será necesaria «la mayoría absoluta del Senado». Y el reglamento de esta Cámara, en su precepto 189, dice que será «el pleno» el que estudiará la propuesta que le llegue del Gobierno para aplicar el 155.

¿Se puede considerar la Diputación Permanente del Senadocomo pleno? Otro asunto en el que no se ponen de acuerdo los juristas y que Mas podría aprovechar para recurrir, aunque Santamaría ha intentado restar importancia a esta posible rendija legal y ha destacado que «el Estado no se queda nunca sin poder legislativo».

 

LLAMAMIENTO DE C'S

A Mas el que el Ejecutivo vuelva a recordar la existencia del artículo de la suspensión de la autonomía le parece una amenaza, pero teme que no será la última. La solución, ha afirmado, «es tirar hacia adelante» después del «resultado que han consagrado las urnas». En su opinión, para poder iniciar un proceso de diálogo con Madrid no basta con que cambie el Gobierno tras las elecciones de diciembre, sino que tiene que haber «un cambio en la mentalidad del Estado». «O se reconoce la plurinacionalidad o no habrá solución», ha sentenciado.

La exhibición de poderío de Mas la víspera al ir a declarar al Tribunal Superior de Justícia sigue dando que hablar. La líder de Ciutadans en el nuevo Parlament, Inés Arrimadas, ha insistido en pedir al PSC, Catalunya Sí que es Pot y PPC una reunión urgente en el Parlament para llegar a un «consenso» y «reconducir» la situación, una propuesta que solo ha recabado el apoyo del conservador Xavier García Albiol. Carme Chacón, cabeza de lista del PSC por Barcelona en las generales, le dijo que ella apuesta por el «pacto» y no por los «frentes». La exministra de Defensa ha comparado el apoyo que recibió Mas el jueves con la comitiva del PP que acompañó al juzgado al expresidente Francisco Camps cuando tuvo que ir a declarar por el caso de los trajes. Esta campaña va a ser muy larga.