Una estrategia jurídica para lavarse las manos

Artur Mas y sus colaboradoras, la ex vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, han desplegado una estrategia jurídica encaminada a poner en serias dificultades al Tribunal Superior de Cataluña para que pueda condenarles por un delito tan exigente como es el de desobediencia grave a las resoluciones de los jueces, pero sin descuidar también la búsqueda del archivo de las otras tres acusaciones de la Fiscalía: prevaricación, malversación y obstrucción a la justicia. En total se juegan hasta un año de cárcel y otros 18 de inhabilitación.

El president y sus subordinadas, en resumen, reconocen lo evidente, su absoluta implicación y la de la Generalitat en la convocatoria y organización de la seudoconsulta soberanista que se celebró el 9N, incluida la aportación de los medios materiales, tecnológicos y locales imprescindibles, como ordenadores y sofware, centros de votación, papeletas y urnas, o campañas informativas.

Pero, y esta es la clave, aseguran que, desde el 4 de noviembre, el día que el Tribunal Constitucional lo prohibió, el Gobierno catalán no dio ya ni una sola orden ni instrucción para la celebración del «proceso participativo», que fue totalmente gestionado y ejecutado por los 40.000 voluntarios, la mayoría funcionarios, que ya habían sido formados y pertrechados en las semanas previas al veto para saber a dónde ir, qué hacer y qué herramientas utilizar. Los voluntarios, aseguraron al instructor, celebraron la votación e hicieron el recuento. La Generalitat se limitó a dar a conocer el resultado y a poner la seguridad policial.

En su contra tienen que el tribunal superior, en el auto de admisión de la querella fiscal, ya apreció indicios del delito porque cree que la Generalitat «continuó» tras el veto con «actos preparatorios» de la consulta.