El independentismo catalán no se arruga y redobla el desafío secesionista

El independentismo elevó ayer el tono y redobló el desafío al Estado en plena semana decisiva, que no definitiva, para el proceso soberanista. Lo hizo cuando en un plazo máximo de siete días se votará la declaración de inicio de la ruptura de Cataluña con el resto de España y se celebrará la primera sesión de investidura del futuro presidente de la Generalitat.

Un semana después de la constitución del Parlamento catalán y de que las dos formaciones independentistas que obtuvieron la mayoría absoluta registraran la resolución que marca el punto de inflexión hacia la creación del estado catalán independiente, el secesionismo, inmerso en una negociación muy complicada entre Junts pel Sí y la CUP, lanzó en un mismo día dos mensajes que visualizan sus intenciones de romper con la legalidad. En línea con el texto pactado por Junts pel Sí y la CUP, que está pendiente de votación y que dice que el «Parlamento catalán y el proceso de desconexión no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en concreto el Constitucional», Convergència amenazó directamente con desobedecer al tribunal y la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, ignoró el reglamento del Parlamento y convocó la junta de portavoces para acelerar la celebración de la votación de la resolución rupturista aun sabiendo que el PP -de manera deliberada- todavía no se ha constituido como grupo.

Las negociaciones con los anticapitalistas marcan la agenda y CDC quiso hacer un guiño a la CUP, que le pide gestos inequívocos e irreversibles de ruptura con el resto de España antes de la investidura del presidente de la Generalitat. Tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido, la portavoz de la formación nacionalista, Marta Pascal, advirtió de que si el Constitucional suspende la resolución pactada entre Junts pel Sí y la CUP para dar inicio al proceso hacia la república catalana, las fuerzas soberanistas ignorarán el fallo y mantendrán el rumbo hacia la creación del Estado catalán. «Estamos determinados en hacer un acto de obediencia al pueblo catalán. Si el Constitucional suspende la resolución, seguiremos adelante», dijo. El anuncio tenía mucho de gesto de complicidad hacia la CUP, con quien no acaba de cerrar un acuerdo para la investidura de Artur Mas, y también de aviso a Mariano Rajoy de que el proceso no se paralizará por muchos recursos judiciales que se interpongan desde el PP y el Gobierno central. De hecho, en 2013, el Constitucional ya suspendió la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán y la Generalitat hizo oídos sordos y siguió adelante con el órdago. La diferencia, ahora, está en la nueva ley de reforma del Constitucional, que permite suspender a cargos públicos en caso de incumplimiento. Junts pel Sí consumará sus amenazas si, tras la resolución, pone en marcha, por ejemplo, la hacienda catalana y la seguridad social propia. Pero para ello, necesita un Gobierno que no esté en funciones y los plazos cada vez se estrechan más.

Tras el resultado del 27S, que le dio mayoría absoluta de escaños (no de votos), el independentismo considera que está legitimado para culminar la creación de un estado catalán. Su propósito es hacerlo en 18 meses. Esta, la undécima, tiene que ser la legislatura de la proclamación de la independencia, según las intenciones de Junts pel Sí y la CUP. De ahí la obstinación de Carme Forcadell por acelerar al máximo la votación de la declaración de inicio de la separación. La presidenta de la cámara catalana y el secesionismo quieren que esta resolución se vote en el primer pleno del Parlamento, antes de la sesión de investidura, como gesto simbólico que ponga título y sello a un mandato. Y hará lo que sea para cumplirlo, incluso pasar por encima del reglamento de la cámara catalana. Forcadell convocó para hoy una junta de portavoces ordinaria sin que el PP se haya constituido como grupo y, por lo tanto, sin haber designado oficialmente un portavoz parlamentario, lo que encendió a la oposición -Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí Que es Pot-, que acusó a la presidenta de la cámara de saltarse el reglamento, de vulnerar sus derechos y de utilizar el Parlamento de manera partidista.

La reunión de hoy de la junta de portavoces será cuanto menos anómala y será la primera vez que se haga sin la representación de todos los partidos. La intención de Forcadell, que se aferra a su competencia para convocar este órgano y a que expiraba el plazo reglamentario relativo a la resolución de las peticiones de reconsideración, es que una vez que se reúna la junta de portavoces la mesa pueda convocar el pleno para la votación de la declaración solemne. A partir de ahí, se abrirá un periodo de 48 horas para la presentación de enmiendas. Si esperaba al viernes, el día que el PP tiene como máximo para constituirse como grupo, corría el riesgo de que la votación no pudiera celebrarse antes de la sesión de investidura. Ambas serán el 9N, la fecha tótem del soberanismo.