Rajoy recurrirá a cualquier medida si resulta preciso para impedir la secesión

Mariano Rajoy asegura estar dispuesto a llegar hasta el final para impedir que las fuerzas independentistas lleven a efecto sus planes de «desconexión» con España, y eso pasa, como advirtió ayer, por no renunciar a ningún mecanismo de los que contemplan la Constitución o la ley. El presidente del Gobierno, que garantiza que cada movimiento de los secesionistas encontrará su respuesta siempre según la magnitud del desafío, no descarta el uso de aquellos instrumentos que «nunca hasta ahora» han tenido que emplearse en la historia de la democracia.

En el listado de posibilidades que la Carta Magna y las leyes ponen a disposición del Ejecutivo para garantizar la unidad del país figuran desde el artículo 155 de la Constitución, que permitiría la suspensión de la autonomía de Cataluña, hasta el Código Penal, que contempla los delitos de rebeldía, sedición y desobediencia y lleva aparejadas penas de cárcel. Se trata de un elenco de medidas «excepcionales», según fuentes del Gobierno, que hoy por hoy, sin embargo, no sería necesario aplicar cuando ni tan siquiera se han comenzado a crear estructuras de Estado.

La advertencia, de momento, por lo tanto no pasa del plano político, más aún a pocos días de que se celebre el pleno en el que el Parlamento de Cataluña tiene previsto aprobar el primer trámite para caminar hacia una «república catalana». La aspiración de Rajoy es frenar la amenaza antes de llegar a cualquier situación límite. Por eso, el jefe del Ejecutivo se mueve en el difícil equilibrio de mostrar su determinación de actuar con firmeza en defensa de la integridad territorial sin dejar de lado, sin embargo, la «proporcionalidad» que entiende imprescindible en una cuestión tan sensible de Estado.

Esa «prudencia» y el criterio de los servicios jurídicos del Estado constituyen la guía de Rajoy, que no recurrirá al Tribunal Constitucional hasta que la propuesta de resolución secesionista vea la luz verde en la cámara catalana. Fuentes del PP explican que el Ejecutivo no puede arriesgarse a perder la batalla legal, de ahí que, al margen de lo que haga el partido, el Gobierno vaya a esperar a que el «papel» de las fuerzas independentistas tenga efectos jurídicos.

Ese es, además, el acuerdo al que el presidente ha llegado con las principales fuerzas políticas del país en la ronda de contactos que ha mantenido en La Moncloa. Aunque no exista un pacto de Estado negro sobre blanco y firmado, Rajoy se siente «reconfortado» y cree que cuenta con el respaldo de PSOE, Ciudadanos, UPyD e incluso Unió para enfrentarse al reto independentista. Por ahora, el «único» consenso alcanzado pasa por impugnar ante el Constitucional la moción independentista «al día siguiente» o a los «dos días» de haber sido aprobada en el Parlamento de Cataluña.

En el Ejecutivo sostienen que tras la reforma del funcionamiento del tribunal, los magistrados tienen margen de actuación para garantizar que se cumple su criterio en caso de que sus resoluciones sean desobedecidas. Y a partir de ahí, para cada decisión política que haya que adoptar, Rajoy se compromete a hablar con el resto de partidos con los que mantendrá un «diálogo fluido», según aseguró ayer en un foro organizado por El Mundo .

Más allá de las herramientas legales, Gobierno y PP se plantean cómo resolver la cuestión política de fondo que ha desencadenado el sentimiento independentista en Cataluña. El jefe del Ejecutivo descarta que la solución pase por una modificación de la Constitución, como la que plantean el resto de partidos y que ayer defendieron los sindicatos en su reunión con Rajoy en La Moncloa. Para la próxima legislatura, el programa electoral de los populares recogerá, en cambio, una reforma fiscal y de la financiación autonómica que garantizaría, a su entender, un mejor reparto de recursos entre las comunidades.