El Gobierno pedirá al TC que aperciba de suspensión a Mas y Forcadell

El Gobierno quiere que los máximos dirigentes del Parlamento de Cataluña y de la Generalitat, los políticos que podrían tratar de desarrollar la resolución independentista aprobada el lunes, tengan muy claro desde el minuto uno que cualquier intento de desobedecer la suspensión de la moción que hoy acordará el Tribunal Constitucional va tener automáticamente consecuencias personales, tanto penales como de inhabilitación temporal en el cargo.

Por este motivo, el Ejecutivo, según el recurso que confeccionaba ayer la Abogacía del Estado, tiene previsto solicitar hoy al Constitucional que, una vez acuerde la suspensión cautelar de la resolución, le comunique la paralización de forma expresa y personal al menos a Artur Mas y a los otros doce consejeros de la Generalitat; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y a los otros seis miembros de la Mesa de la cámara catalana; así como al secretario general de esta institución autonómica.

Según el borrador de recurso que el Gobierno entregó al Consejo de Estado para su valoración, pedirá al tribunal que deje claro a la cúpula del Parlament que tienen prohibido admitir a trámite cualquier tipo de iniciativa o debate que pretenda desarrollar o dar cumplimiento a la resolución suspendida, porque la medida cautelar no solo deja sin efecto la moción sino que veta cualquier intento, del tipo que sea, de continuarla o desarrollarla. Por igual motivo, intentará que la corte de garantías advierta expresamente a los miembros del Ejecutivo de la Generalitat de que también tienen vedado impulsar cualquier tipo de ley -como las tres para poner en marcha estructuras de estado que les reclama la propia moción secesionista-, disposición o medida que ignore o desafíe la suspensión. La intención del Gobierno es que el Constitucional no solo notifique personalmente a estos 20 cargos públicos y al secretario general del Parlament la suspensión y las acciones concretas que quedan prohibidas sino que, incluso, les aperciba de las sanciones o delitos en que incurrirían si ignoran e incumplen la resolución del tribunal, como pueden ser el delito de desobediencia —penado con inhabilitación— y la suspensión temporal en el cargo, sanción que prevé la reforma de la ley del Tribunal Constitucional aprobada en septiembre pasado con los únicos votos del PP.

La moción secesionista, que declara la soberanía de Cataluña, la desconexión con las leyes españolas y la desobediencia a las resoluciones del Constitucional, quedará suspendida cautelarmente hoy por la tarde, cuando se reúna el pleno de la corte y admita a trámite la impugnación presentada por el Gobierno.

«Insumisión»

Es un hecho automático. El artículo 161.2 de la Constitución dice que la medida se acordará por el tribunal siempre que acepte estudiar un recurso del Ejecutivo central contra «las disposiciones o resoluciones»adoptadas por órganos de las comunidades autónomas, como es el caso. La suspensión inicial es por cinco meses, pero la moción continuará paralizada y sin efectos por períodos equivalentes hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto en sentencia.

Aunque el Constitucional aún no ha convocado el pleno oficialmente, tiene previsto reunirse y resolver con igual celeridad que lo hizo el 29 de septiembre de 2014, cuando suspendió el decreto de la Generalitat que convocaba el referéndum de autodeterminación del 9-N.

Aquel día se reunió tres o cuatro horas después de que la impugnación fuese registrada en el tribunal por el Abogado del Estado, una vez le autorizó el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria. Al plan para mañana es idéntico.

El Gobierno ya recibió ayer el aval del Consejo de Estado para interponer la impugnación, que es preceptivo aunque no vinculante. La comisión permanente del máximo órgano asesor del Estado acordó por unanimidad que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrir la moción. En este caso la frase no fue un mero formulismo, sino que los miembros del Consejo, como los de la Abogacía del Estado, no tienen duda alguna de que la resolución secesionista debe ser anulada por el Constitucional porque viola abiertamente buena parte de los artículos centrales de la Carta Magna.