Otra Constitución a las puertas

Aunque parezca lo contrario, no es una novedad, han sido muchas las veces en los casi 40 años de democracia que los partidos han discutido sobre la necesidad de reformar la Constitución de 1978. Ahora pueda resultar chocante, pero el PP llegó a capitanear una de esas propuestas.

Fue en 1994, con el entonces portavoz del Senado, Alberto Ruiz Gallardón, como punta de lanza. La gran diferencia es que, ahora, a las puertas del 2016, los partidos no se limitan casi en exclusiva a defender la eternamente debatida y nunca lograda transformación de la Cámara alta en un auténtico órgano de representación territorial, sino que proponen modificaciones de más calado que afectarían a casi todas las altas instituciones del Estado.

A ese dato habría que añadir otro aún más relevante: salvo el PP, no hay ni una sola fuerza de ámbito nacional que no lleve en su programa para las generales una oferta concreta de reforma. Nunca la presión para retocar el texto había sido tan elevada. Y eso invita a pensar que, a priori, esta vez debería ser posible. Sobre todo, después de que Podemos haya abandonado su discurso iconoclasta por otro más moderado. Ya no carga contra el «régimen del 78» sino que loa el «espíritu de la Transición», y no apuesta por redactar una Constitución nueva sino que limita a cinco los cambios, entre los que, por cierto, no hay cuestiones tan espinosas como el paso de una Monarquía parlamentaria a una República; algo que aún defiende Izquierda Unida.

Recelos

Sigue habiendo, sin embargo, un impedimento aparente. Mariano Rajoy aún se muestra renuente a enzarzarse en un debate que, a buen seguro, consumiría toda la legislatura justo cuando el secesionismo catalán parece inmerso en un camino de no retorno hacia la ruptura absoluta con España y, aunque eso preocupa menos, cuando los nacionalistas aspiran a negociar un cambio de estatus político en el País Vasco. Fue precisamente el temor a ese escenario, tras el pacto de Lizarra y la puesta en marcha del plan Ibarretxe, lo que llevó a José María Aznar a negarse en redondo a cualquier modificación de la Constitución en su segundo mandato, incluso a aquellas que reclamaba con insistencia el fundador de su partido, Fraga, en su etapa como presidente de la Xunta de Galicia. Lo lejos que el PSOE estuvo dispuesto a llevar el Estatuto de Cataluña fue también lo que hizo imposible el acuerdo para la reforma de cuatro puntos que proponía Zapatero en 2004 para la inclusión en la Constitución del nombre de las comunidades, la eliminación de la supremacía del varón en la sucesión a la Corona, el Senado y las referencias a la Constitución europea.