Una ley electoral que ha sido superada por la realidad

España pide cambio político y, por primera vez en mucho tiempo, eso no es sinónimo de una mera alternancia en el poder. Quizá la mejor prueba de ello es que dos partidos jóvenes, Ciudadanos y Podemos, han demostrado su capacidad para desbordar (hecho inédito) las barreras de un sistema electoral diseñado meticulosamente en los primeros años de la Transición por el franquismo moderado. El modelo, aún vigente, tenía un objetivo claro: evitar una excesiva fragmentación parlamentaria que derivara en Gobiernos inestables y conceder una prima al voto rural de poblaciones pequeñas, más conservador, a fin de que a las élites políticas que luego crearían la UCD no se les fuera el proceso de las manos.

El esquema, planteado con suficiente sutileza como para que los partidos de la oposición y fundamentalmente el PSOE, acabaran aceptándolo, condujo a más de treinta años de bipartidismo porque tenía, y sigue teniendo, un sesgo mayoritario, es decir, busca la sobrerrepresentación de los partidos más votados respecto a los minoritarios, pero también permite una presencia, hasta ahora determinante, de las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Una de sus claves es que establece que la circunscripción electoral es la provincia y cada una de ellas elige como mínimo a dos de los 350 diputados que tiene el Congreso, pero la cifra aumenta en función de la población.

En la práctica, eso lleva a que no todos los votos tengan el mismo valor. Por ejemplo, un escaño por Barcelona, una de las provincias más pobladas, cuesta en torno a 129.255 votos mientras que uno por Guadalajara solo necesita unos 25.600. Pero el modelo genera otro efecto y es que crea tres subsistemas electorales: en las provincias grandes, de diez escaños o más, el reparto de diputados es proporcional; en las pequeñas, de uno a cinco, favorece claramente a los mayoritarios, y en las medianas hay una proporcionalidad imperfecta.