Interior gasta 1,3 millones de euros en gases lacrimógenos que usa muy poco
La empresa ganadora de la licitación de 54.000 botes es propiedad de la familia de un ex diputado del PP.
Estupor e incredulidad en la Guardia Civil. El instituto armado, acosado por las demandas de los agentes por la falta de chalecos antibalas en plena alerta 4 antiyihadista y con la legislatura acabada, se ha gastado 1,3 millones de euros en la compra de 54.000 botes de gases lacrimógenos, un material antidisturbios que, aunque está en dotación, el cuerpo casi jamás ha utilizado, al menos de forma oficialmente reconocida, en la última década.
Las sustancias asfixiantes adquiridas por la Guardia Civil, que serían suficientes para intoxicar al aforo de 540 estadios de la capacidad del Camp Nou, están llamadas a caducarse a los cinco años en las armerías, como viene ocurriendo en los últimos años, según admiten diversos responsables de la institución.
El dinero empleado en la compra de los gases habría sido suficiente para adquirir unos 6.000 chalecos reglamentarios, prácticamente el doble de los 3.107 prendas antibalas que el instituto ha comprado para sus agentes durante todo el 2015 y cuando cerca de la mitad de la plantilla no tiene chalecos en dotación.
La polémica adjudicación ha sido oficializada el pasado lunes. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha comprado a la empresa de Falken los 54.000 botes (18.000 cada año desde 2016 a 2018) por un precio de 20 euros (antes de impuestos) la unidad, en una operación que supone el desembolso de 1.306.800 euros, IVA incluido. En la misma partida y a la misma empresa se ha adjudicado la adquisición de otros 21.000 de «artificios fumígenos» (botes de humos no tóxicos) por un valor total de 508.200 euros, y que serán entregados en tres años. En ambos caso, Falken se hace con los concursos por la cifra máxima ofrecida por la administración. Ni un euro menos.
Esta adjudicación, que alcanza volumen récord en los últimos años, ha llamado la atención de los expertos de las fuerzas de seguridad por varios aspectos. El primero es que los Grupos Rurales de Seguridad (GRS, antidisturbios de la Guardia Civil) se ocupan de demarcaciones rurales, donde las grandes manifestaciones son prácticamente inexistentes en comparación con las grandes ciudades.
También es «inexplicable», según todas las fuentes consultadas, que la Guardia Civil aumente la compra de lacrimógenos con respecto a 2013, cuando la situación de conflictividad social era mayor.
Que Falken iba a ganar esta licitación era un secreto a voces. Esta mercantil se ha hecho en los últimos quince años con más de 8 millones de euros en contratos del Ministerio del Interior.
La madrileña Falken es propiedad de la familia de Ismael Bardisa Jordá, ex diputado del PP en el Congreso entre 1996 y 2008, donde ejerció de vicepresidente segundo de la Comisión de Industria.