Objetivo: sacar a la infanta del banquillo
Manos Limpias defiende que puede acusar a Cristina porque sus delitos afectan al «bolsillo de todos». La Fiscalía y la Abogacía del Estado se unen a la defensa y echan el resto en la primera sesión para exculparla.
Banquillo de los acusados en el que en la última fila a la izquierda se encuentra la infanta Cristina, y en el extremo contrario, su marido Iñaki Urdangarín.
Toda la carne en el asador. Incluso vehemencia y palabras estridentes. La defensa de la infanta Cristina sacó toda la artillería jurídica, argumental y dialéctica para que la hermana de Felipe VI no vuelva nunca más a pisar la Audiencia Provincial de Palma y menos sentarse en el banquillo de los acusados. Pero los abogados de la defensa no estuvieron solos. Con el mismo ímpetu que los letrados de la ex duquesa, los dos representantes del Estado, la Fiscalía y la Abogacía, defendieron su exculpación, y no dudaron en atacar a Manos Limpias, la acusación popular que ha llevado, en solitario, al enjuiciamiento de Cristina de Borbón por haber supuestamente colaborado en dos de los fraudes fiscales de su marido Iñaki Urdangarín durante los ejercicios de 2007 (182.005 euros) y 2008 (155.138 euros).
Jesús María Silva, la mano derecha de Miquel Roca, quien no intervino en toda la vista, era consciente de que su alocución de ayer era la más importante de toda su carrera y que todo el país estaba pendiente de su alegato, del que dependerá que la hermana del rey siga imputada en una trama de corrupción. Apenas fueron 18 minutos, pero Silva se dejó todo en la sala. No se limitó a la famosa doctrina Botín. Invocó una decena de sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y de varias audiencias provinciales para disparar en la línea de flotación de Manos Limpias; es decir su falta de «legitimación» para mantener una acusación por infracciones fiscales cuando los dos damnificados, la Agencia Tributaria y el Estado, no ven irregularidad alguna.
Silva apuntó alto al presentar como víctima a la hermana del rey, desprotegida ante la «vulneración de su derechos fundamentales de defensa, tutela y proceso con todas las garantías» ante la barra libre concedida por el juez José Castro y la Audiencia Provincial de Palma a Manos Limpias para arremeter contra su cliente.
«No puede sostenerse la acusación popular en solitario porque están personados en el Ministerio Público y la Abogacía del Estado» y ellos no acusan a la infanta, explicó el letrado. Y, por cuatro veces, y visiblemente alterado, repitió: «¡No existe la posibilidad de personación de un acusador popular!».
Silva se explayó en la explicación jurídica de que el «sujeto pasivo» del delito fiscal, la víctima de ese ilícito, sólo es Hacienda, y aunque puede haber un «interés público difuso» dañado por el perjuicio a las arcas del Estado dañado, la ley establece que es «patrimonio» único de la Agencia Tributaria en «su dimensión recaudatoria» defenderlo.
Silva pareció dejar encaminada la faena para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado culminaran el trabajo de tratar de sacar cuanto antes a la infanta de este embrollo judicial y dar la puntilla a Manos Limpias. Pedro Horrach no se limitó, ni mucho menos, a hacer suyos los argumentos del letrado de la imputada. También él desplegó de forma pasional todas sus artes oratorias para defender a Cristina de Borbón en nombre de la «defensa de la legalidad».
A la ofensiva contra la acusación popular que ha llevado a la imputación del primer miembro de la Familia Real española también se unió con toda su munición, Dolores Ripoll, la Abogada jefe del Estado en Baleares.
A ella le correspondieron los ataques personales, casi descalificaciones, a Manos Limpias.
La letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete cerró el turno para responder a los ataques de los defensores de la hermana del rey. A esas alturas, el debate se había convertido en todos contra uno. Los dos fraudes a los que supuestamente ayudó la infanta, afirmó, son delitos «pluriofensivos y que afectan al bolsillo de todos nosotros». «La acción popular es un derecho. Es un artículo recogido en la Constitución. La ley no establece ninguna limitación», recordó la letrada, antes de denunciar que no enjuiciar a la hermana del rey sería un «privilegio de inmunidad para una ciudadana española».
Como testigos mudos de esa batalla con la suerte de Cristina de Borbón como argumento estuvieron las tres magistradas. Ni Samantha Romero ni Rocío Martín ni Eleonor Moyá hicieron el más mínimo gesto que pudiera denotar aprobación o rechazo. A ellas corresponderá antes de que se reanude el juicio con el interrogatorio de los acusados el 9 de febrero decidir el futuro de la infanta.
