Caen veinticuatro políticos del PP en el mayor golpe a la corrupción en Valencia

El ex gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, ha sido el hilo conductor que ha permitido desarticular la mayor trama de corrupción de la historia de la Comunidad Valenciana y que se ha saldado, hasta el momento, con la detención de una veintena de políticos del Partido Popular. La Diputación de Valencia había sido hasta la fecha el único organismo libre del virus de la malversación. La operación de ayer, que culmina unas pesquisas de la Guardia Civil durante once meses, no sólo mancha la institución provincial sino, de nuevo, toda la administración autonómica e, incluso, al Ayuntamiento de la ciudad de Valencia.

El principal detenido es Alfonso Rus. El ex presidente de la Diputación de Valencia y ex alcalde de Játiva aparece como uno de los cabecillas de la trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. En el mismo nivel de la pirámide se situaría Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación y ex vicepresidente de la Diputación. Esta pareja eran los dos grandes comisionistas de la red delictiva. Junto a ellos aparece otro ex vicepresidente de la Diputación Juan José Medina y el ex alcalde de la localidad de Genovés, Emilio Llopis. Este cuarteto estaba a la cabeza de la presunta trama que no sólo extendió sus tentáculos por Imelsa. La empresa pública Ciegsa y diferentes corporaciones municipales supuestamente fueron víctimas de su desmedida ambición económica.

Sin embargo, los avances en la investigación podrían deparar unas consecuencias todavía más graves para el Partido Popular. En este sentido, el papel del actual diputado nacional Gerardo Camps resultaría clave en la trama. Algunas fuentes apuntan a que era otro de los «coordinadores» y situarían su rol al mismo nivel que Rus o Caturla. La investigación, todavía bajo secreto, dirige uno de sus focos hacia el representante del PP en el Congreso.

No es el único aforado que, de momento, disfruta de este paraguas. La ex alcaldesa de Valencia y ahora senadora, Rita Barberá, podría verse salpicada por un asunto que afectaría a su gestión al frente del consistorio. Una de las personas de su círculo de confianza, Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal durante 25 años, fue detenida ayer. Un aviso para la que fuera máxima responsable del consistorio durante más de dos décadas.

El dispositivo policial se saldó con cifras escandalosas para una comunidad autónoma muy castigada ya por la corrupción política. El balance, por el momento, es de 24 detenidos, cifra que no se descarta que pueda aumentar en un futuro. Además, los agentes realizaron 33 registros en toda la región, entre empresas y los domicilios de los propios arrestados.

Pero las pesquisas salpican a un mayor número de personas. Más de un centenar de cargos públicos y empresarios están investigados por los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO). Sin duda, se trata del mayor caso de corrupción por número de imputados y la posible cantidad de dinero malversado.

Uno de los epicentros del terremoto judicial y político que sacudió ayer la Comunidad Valenciana tuvo lugar en Játiva. Allí también cayó el símbolo de esta trama. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el fiscal Vicente Torres entraron por la puerta del garage para realizar el registro en la casa de Rus y detenerlo de la forma que menos perjudicara a la imagen del ex presidente de la diputación. Eran las nueve de la mañana. De hecho, la mayoría de sus vecinos se enteraron de la operación policial a través de las ediciones digitales de los medios de comunicación y tras la nube de periodistas que se concentró en la calle Moncada de Játiva.