La infanta seguirá en el banquillo frente a una petición de ocho años de cárcel

Cristina de Borbón seguirá en el banquillo de los acusados. Pero no solo eso, la Audiencia Provincial del Palma en la resolución con la que rechaza exonerarle con la doctrina Botín deja abierta la puerta a que la hermana de Felipe VI pueda ser condenada hasta ocho años de cárcel, la petición de Manos Limpias, a la que el tribunal «legitima» para que -en solitario y sin el apoyo de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado- mantenga a la infanta como procesada por ser «cooperadora necesaria» para que su marido defraudara con Aizoon, la empresa familiar del matrimonio, 337.138 euros a Hacienda en 2007 y 2008.

El calvario procesal de la ex duquesa de Palma continuará porque las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín hacen suya la tesis de que ‘Hacienda somos todos’, a pesar de la argumentación en contra de la Abogacía del Estado, y sostienen que la «Hacienda Pública Estatal» no pude «encarnar en exclusiva» la defensa del «bien jurídico protegido». Insiste la sala en que ante la defraudación fiscal no hay un «único, concreto y determinado perjudicado», y que la «personación» de Hacienda en la causa no «colma la protección total» ante ese delito.

En un muy jurídico escrito de 85 páginas, la sección explica que «un determinado organismo público» no puede «monopolizar» la acusación porque el daño que provoca el fraude fiscal del que se acusa a Cristina de Borbón es «colectivo» y, por tanto, afecta a toda la ciudadanía porque esas defraudaciones «comprometen la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho».

Las magistradas no solo argumentan, sino que también atacan. No ahorran críticas veladas a la Abogacía del Estado y a su insistencia el pasado 11 de enero, en la vista de las cuestiones previas, en arrogarse en exclusiva la defensa del interés general. Recuerdan a Hacienda y sus letrados que el delito fiscal «provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos» de toda la ciudadanía.

La Audiencia de Palma avala la acción popular porque es precisamente en este tipo de delitos de naturaleza «difusa, colectiva o meta individual» donde «halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso».

Críticas a los servicios jurídicos del Estado, pero también ataques a las tesis de la Fiscalía y los letrados de la infanta, Miguel Roca y Jesús María Silva, de que Manos Limpias no podía acusar porque, en realidad, perseguía intereses particulares lejos de defender el bien común.

Tras despacharse con las partes en el proceso, las magistradas se centran, y se esmeran, en desmontar la llamada ‘doctrina Botín’, de la que dicen «no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador que, de haber querido, hubiera contemplado tales limitaciones al ejercicio de la acción popular».

La sala cree que el caso Nóos es «un escenario distinto» al que se enfrentó el ex presidente del Banco de Santander.

Roca mostró su total desacuerdo con la resolución, que fuerza a su cliente a seguir encausada. Es más, acusó a la sala de apartarse de la «literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo» para «hacer suyas» las tesis de Manos Limpias, algo que dijo «lamentar».

El letrado, que afeó a la Audiencia Provincial que imponga a Cristina de Borbón «la pena del banquillo», se mostró seguro de poder demostrar con «plena convicción» la «inocencia de la infanta». Explicó que «costará poco» preparar la declaración porque «es muy sencillo lo que tiene que decir» sobre la imputación de dos presuntos delitos contra Hacienda».

El abogado anunció una queja ante la Audiencia por esta resolución.